El curso político sigue marcado por las protestas derivadas de la crisis internacional, el pulso en el Gobierno sobre cómo responder a Israel, y el avance judicial de los casos que afectan al entorno del presidente.
Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:
Manifestaciones por la Flotilla
Lo primero son las manifestaciones. Al calor de la Flotilla, reclamando la puesta en libertad de los tripulantes detenidos y reprochando al Gobierno que no vaya más lejos. Quince mil personas en Barcelona, según la Guardia Urbana. Diez mil en Madrid, según la Delegación del Gobierno. Con actuación de los Mossos d’Esquadra para impedir el corte de la ronda del litoral en la capital catalana.
El riesgo para el Gobierno es que la movilización derive en desórdenes y que la causa —la Flotilla incluida— se le vuelva en contra si crece la presión para que rompa relaciones con Israel, algo que Pedro Sánchez no quiere plantearse por ahora.
"Cualquier tipo de acción", dijo ayer el presidente, “que no incluye la ruptura total”. Aunque Yolanda Díaz sigue grabando vídeos diarios para desmarcarse del PSOE y presentarse como más contundente. Mientras tanto, el Gobierno de Israel ha confirmado que los más de 400 activistas detenidos están sanos y salvos, y que serán deportados a sus lugares de origen a través de Londres y Madrid el lunes y martes de la próxima semana.
Presiones dentro del Gobierno
La próxima semana se verá si el Ejecutivo mantiene su discurso actual o si lo adecúa a lo que pide Yolanda Díaz: que se apruebe una posición más firme y se tramite como proyecto de ley para introducir enmiendas, lo que implicaría una nueva votación. El Ejecutivo no quería la opción del jurado popular, pero el juez Peinado ha decidido lo contrario. Propone que, además del delito de malversación, el grueso de la causa contra Begoña Gómez —la más avanzada— sea juzgada por nueve ciudadanos anónimos.
El delito de tráfico de influencias es indivisible y arrastra a esta fórmula judicial los posibles delitos conexos: corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional. Todos ellos bajo investigación contra la esposa del presidente del Gobierno.
Trama judicial en expansión
En su auto, mal redactado, como todos los de Peinado, el juez destaca que es la relación matrimonial entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez la que fundamenta la acusación de tráfico de influencias. Eso sí, no señala en ningún caso al presidente como responsable de delito alguno. De hacerlo, debería elevar la causa al Tribunal Supremo.
La investigación está dividida entre el Supremo (donde se instruye lo relativo a Cerdán y Ábalos) y la Audiencia Nacional (donde está el resto), incluyendo lo relacionado con la ex presidenta de Adif, Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.
Antes del verano, el juez del Supremo Leopoldo Puente envió a la Audiencia Nacional un informe de la UCO que recogía las conversaciones de Koldo. Entre ellas, una entre Santos Cerdán y Koldo en la que el entonces secretario de organización del PSOE le advertía: no se podía cargar a Herrero porque podía "contar lo que hay". Herrero y Pardo de Vera fueron imputados porque el juez Moreno considera que permitieron la manipulación de concursos públicos para beneficiar a empresas que pagaban una contraprestación.
