Alberto Núñez Feijóo abrió el melón en el debate del pleno anticorrupción y ahora, el Partido Popular al completo ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno a raíz de las informaciones sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, que habría regentado saunas vinculadas a la prostitución. Los populares acusan al presidente del Ejecutivo de "hipocresía" y "cinismo", al promover leyes abolicionistas mientras, aseguran, su entorno familiar se benefició económicamente de esas actividades.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado que Sánchez está utilizando la ley abolicionista "para blanquear su propio partido" y ha calificado de "broma" que lidere una iniciativa contra la prostitución mientras, según sus palabras, "su familia se lucró con prostíbulos". En su intervención en Antena 3, Muñoz recordó que fue el propio presidente quien anunció la expulsión del PSOE de quienes hayan sido clientes de prostitución, y se preguntó qué debería hacerse con quienes, como insinúan, se beneficiaron directamente del negocio.
El PSOE prosigue con su política abolicionista
El PSOE registró en mayo de 2022 una proposición de ley con la que pretendía abolir la prostitución, por la cual se modificaba una ley ya existente con la introducción de artículos como este: "Artículo 187 bis. El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código". Este jueves, los ministros Elma Saiz y Grande-Marlaska han vuelto a defender públicamente esa hoja de ruta.
Eesa iniciativa fue presentada como una proposición de ley y no como un proyecto porque su socio de coalición, Sumar, no es abolicionista, sino regulacionista, y por la misma razón, por falta de apoyo, no prosperó en el Congreso.
El PP ha aprovechado esta contradicción para registrar una treintena de preguntas en Congreso y Senado, y ha exigido la comparecencia del ministro Óscar López para explicar si inmuebles de MUFACE habrían sido alquilados para actividades vinculadas a la prostitución. Piden transparencia en los contratos, datos sobre arrendatarios y mecanismos de control, ante la sospecha de que parte del patrimonio público pudo acabar vinculado a negocios del entorno familiar del presidente.
