La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado en Por fin de Onda Cero su convicción de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería haber dimitido antes de enfrentarse a un proceso judicial. "Yo distingo el fondo de la forma. En el fondo creo que al final era lo que me esperaba. Mucha sospecha, mucho indicio, mucha valoración y suposición, pero pocos hechos probatorios", ha comenzado su reflexión.
Díaz insiste en que, más allá del resultado judicial, la figura del fiscal general debería mantenerse al margen de cualquier causa penal: "Él podía haberse defendido muchísimo mejor fuera del cargo y fuera de la figura del Fiscal General del Estado, porque al final no es bueno para la institución que haya estado procesado sentado en el banquillo esa figura y además con su propio subordinado teniendo que ejercer la acusación".
La dirigente socialista ha subrayado la necesidad de preservar el prestigio institucional por encima de los intereses personales o políticos: "Yo creo que las instituciones hay que protegerlas siempre. Es posible que la división que se ve en el Tribunal sea similar a la que se ve en la prensa, que hay quien lo ve medio lleno o medio vacío, más culpable o más inocente. Pero me hubiera gustado más que se hubiera defendido fuera de esa figura, porque todos tenemos que cuidar de los límites de nuestra democracia. Al final, lo que no se cuida se deteriora, y eso en el futuro no sabemos las consecuencias que puede tener".
El fiscal general del Estado se enfrenta a una posible pena de seis años de cárcel y doce de inhabilitación acusado de haber filtrado a la Cadena SER, el 13 de marzo de 2024, un correo electrónico remitido por la defensa del empresario Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— en el que se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.
División entre las asociaciones de fiscales
Carlos Alsina entrevistó en Onda Cero (antes del inicio del juicio) a los presidentes de dos de las principales asociaciones de fiscales de España, que expresaron posturas opuestas sobre la situación del fiscal general.
El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, fue contundente: "Estamos normalizando lo que no es normal. No es normal que un fiscal general del Estado esté siendo imputado y al borde de celebrarse un juicio oral contra él". Pallarés defendió además que "no es compatible ser fiscal general con estar investigado" y pidió reformar el estatuto fiscal para incluir expresamente esa causa de cese.
Por el contrario, Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), calificó como "desatino" el auto judicial y defendió la continuidad de García Ortiz: "La permanencia del fiscal general es el último buque de contención frente a ese desatino". Martín denunció que el juez se basa "en sospechas y elucubraciones" y sostuvo que en las 53 páginas del auto "solo quedan acreditadas dos cosas: la finalidad de informar a la opinión pública y que varios periodistas conocían la información 31 horas antes".
Mientras APIF respalda la decisión del Tribunal Supremo y considera que el auto "está suficientemente valorado y justificado", la UPF cree que la resolución judicial está "inundada de decisiones muy altamente cuestionables desde un punto de vista jurídico".
