como el "cerco" a la Consejería de Economía

El Supremo ve riesgo de acciones violentas en Junqueras, Forn y "los Jordis"

El auto del Supremo que mantiene en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart identifica riesgo de que lideren una nueva "explosión violenta" como el "cerco" a la Consejería de Economía.

ondacero.es

Madrid | 04.12.2017 12:08

El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez (i) y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez (i) y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart | EFE

Los cuatro citados lideraron "el asedio que decenas de miles de manifestantes hicieron a la comisión judicial" que registró la citada consejería catalana y dirigieron "a las masas durante las 19 horas que duró el cerco", el pasado 20 de septiembre.

"Los Jordis" dirigieron la operación y Junqueras acudió luego a donde se producían estos "hechos violentos", que "se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público", bajo la responsabilidad de Forn, no lo impidieron.

"Esta posición de dominio se constata en otras muchas movilizaciones", añade el magistrado que firma el auto, Pablo Llarena: las que impidieron el registro de Unipost, las que cortaron carreteras o las que "construyeron murallas humanas que defendieron de forma activa los centros de votación haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales", cita.

Estas afirmaciones del juez son coherentes con otros autos en los que el magistrado ha ido dibujando un procesamiento de los inculpados por el delito de rebelión, una conspiración en cuya cúspide parece situar a Oriol Junqueras, junto a los otros.

Como miembros del comité estratégico, Junqueras, Sánchez y Cuixart dirigieron "unas movilizaciones violentas" que se materializaron en "una violenta explosión social", dice.

Una observación provisional de los hechos, ha dejado dicho también el magistrado anteriormente, permite calificarlos como delito de rebelión, que castiga con penas de hasta 30 años a los que "se alzaren violenta y públicamente" para fines como "declarar la independencia".