El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el juicio declararán 40 testigos, entre ellos, la pareja de Ayuso, Alberto González Amador; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.
Así lo ha acordado el tribunal que juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrar a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.
En su auto, conocido este viernes, el tribunal rechaza, sin embargo, citar al ministro para la Transformación Digital, Óscar López; al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, o al exjefe de gabinete de Juan Lobato al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio respecto a los hechos que se van a enjuiciar.
La primera vez que un fiscal general se siente en el banquillo
Será la primera vez que un fiscal general del Estado se siente en el banquillo por unos hechos por los que las acusaciones -entre las que está la pareja de Ayuso y una asociación de fiscales- piden entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce años de inhabilitación.
Álvaro García Ortiz, que será el último en declarar, está acusado de haber filtrado un correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso reconocía "de común acuerdo" con su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda en su nombre en busca de un acuerdo que rebajase su petición de condena.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha negado desde el primer momento que haya indicios de delito y pide la absolución del fiscal general. También su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, mantiene su inocencia y asegura que "no ha existido hecho delictivo".
En paralelo a este procedimiento, la pareja de Díaz Ayuso está procesado por haber defraudado presuntamente 350.951 euros a Hacienda y haberse servido de un trama de facturas falsas, e investigado en otra rama de la causa por presunta corrupción en los negocios.
Seis jornadas en sesiones de mañana y tarde
El Supremo ha fijado seis jornadas de juicio, en sesiones de mañana y tarde, en el que también declararán como testigos varios fiscales, periodistas y guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).
Tres de esos funcionarios de la UCO declararán también como peritos, como así solicitaban las acusaciones populares y ha admitido el Tribunal Supremo.
Los magistrados también han acordado, como prueba anticipada solicitada por varias acusaciones, requerir a la Fiscalía los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta realizadas en el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador.
La Sala reclama a la Cadena Ser que aporte la grabación del programa Hora 25 del día 13 de marzo en el que un periodista informaba del correo sobre el que gira la acusación contra García Ortiz, y a la noticia que este periodista escribió.
El tribunal que juzgará a García Ortiz estará presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y formado por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo.
El instructor señala la solidez indiciaria
El magistrado de la Sala Segunda Ángel Luis Hurtado destacó en el auto de apertura de juicio oral la solidez indiciaria acumulada durante la investigación de los hechos, que ha sido ratificada por la Sala de Apelación.
En dicho auto explicó que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso".
la filtración del correo, según Hurtado, "pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado".
Añade que todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento que, “a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como Fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida".
El magistrado concluye que los hechos en una valoración provisional, y sin perjuicio de las calificaciones hechas por las acusaciones, podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos del art. 417.1 y 2 CP, del que resultaría responsable penalmente el investigado.
