Desde 2015, la empresa Servinabar 2000 SL, participada en un 45% por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha recibido un total de siete contratos públicos por parte del Gobierno de Navarra. Todos ellos en colaboración con Acciona, y con un valor conjunto que ronda los 86 millones de euros. La cifra, cobra especial relevancia tras conocerse que el último de estos contratos fue adjudicado el mismo día en que la Guardia Civil registró la sede de la empresa en Pamplona, en el marco de una investigación judicial por presunta corrupción.
El último contrato se le concedió el pasado martes
Este último contrato, de apenas 72.497 euros, fue concedido sin concurso por la sociedad pública Nasuvinsa el pasado 10 de junio, y tenía como objetivo la instalación de cortinas exteriores en una promoción de vivienda protegida previamente adjudicada a la UTE formada por Servinabar y Acciona en 2023. De los siete contratos conocidos, cuatro fueron adjudicados durante la legislatura de Uxue Barkos (2015-2019), de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra.
Servinabar, una firma con solo nueve empleados, ha visto cómo su volumen de adjudicaciones crecía exponencialmente en los últimos años. Entre las obras más relevantes figuran la reforma del Navarra Arena (3,7 millones), la construcción del colegio de Arbizu (2,6 millones), y, sobre todo, la duplicación del túnel de Belate, adjudicada por 76 millones de euros en diciembre de 2023. Esta última concesión fue gestionada por el Departamento de Cohesión Territorial, entonces dirigido por Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra, María Chivite.
La sombra de Cerdán
La investigación de la UCO señala que Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, habría sido titular del 45% de las participaciones de Servinabar desde al menos 2016. Aunque él niega cualquier tipo de irregularidad, la Guardia Civil ha solicitado el acceso a sus cuentas bancarias y patrimoniales, en el marco de un caso que podría implicar cobros de comisiones ilegales.
Crisis política
El escándalo ha provocado la dimisión de Ramón Alzórriz, vicesecretario general del PSN, después de que se revelara que su pareja trabajó en Servinabar entre 2021 y 2024. Por su parte, María Chivite ha tomado distancia del caso: ha ordenado auditorías de contratos, implicado a la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción, y ha anunciado que el Ejecutivo navarro se personará como acusación particular.
Los partidos de la oposición —UPN, PP y Vox— han exigido explicaciones inmediatas, comparecencias urgentes y dimisiones. Algunos incluso han insinuado la posibilidad de una moción de censura, dependiendo del avance de las investigaciones.
