La sentencia por el saqueo del Palau y las presuntas comisiones de CDC se hará pública este lunes

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la notificación se hará en un acto con las 38 partes: A los procesados se les hará entrega en mano de un CD con la sentencia grabada y el fallo judicial en papel, y a los abogados, un CD con la sentencia grabada.

La sentencia, que según algunas fuentes consultadas puede tener unas 600 páginas, ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas, junto a José Antonio Lagares y el propio Hernández.

El documento abordará si Fèlix Millet y Jordi Montull, junto a su hija, la exdirectora financiera Gemma Montull, saquearon la entidad musical y cifrará el desfalco, que según el fiscal asciende a 22 millones de euros; además, se pronunciará sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CDC a cambio de obra pública y si el partido es responsable civil a título lucrativo.

La sentencia se hará pública siete meses después de concluir el juicio en el que Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.

Fèlix Millet se enfrenta a una petición de pena de 14 años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía; Jordi Montull, a diez años y diez meses de cárcel, y Gemma Montull, a dos, después de que los tres acusados alcanzaran el pacto con el fiscal que incluía la confesión y la rebaja de pena para que la exdirectora financiera no entrara en prisión.

En cambio, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el único miembro del partido sentado en el banquillo por las comisiones ilegales, que negó los hechos, se enfrenta a una petición de pena de prisión de ocho años, después de que el fiscal aumentara su solicitud en medio año.

El juicio arrancó el 1 de marzo con las cuestiones previas y una semana después empezaban las declaraciones de los acusados con Fèlix Millet en primer lugar y su confesión por el "error brutal" de haber desviado fondos de la entidad a su beneficio personal y las explicaciones sobre que Ferrovial hacía donaciones al Palau para que llegaran a CDC a cambio de obra pública.

En la misma línea, Jordi Montull también reconoció el desfalco y explicó que las comisiones que se embolsaban --una parte iba al partido y otra a él y Millet-- pasaron del 3% al 4% porque "CDC quería más dinero" y su hija Gemma lo ratificó aunque dijo que era el expresidente del Palau el que lo controlaba todo.

En cambio, el extesorero Daniel Osàcar negó las acusaciones de que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través de la entidad: "Aquí se ha mentido mucho".

En su informe final, el fiscal Emilio Sánchez Ulled aseguró que el Palau de la Música "era la cañería por la que transitaba el dinero" que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

Afirmó asimismo que en la trama del expolio de la institución había un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente en el que "parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera".

Según el fiscal, los acusados Millet y Montull expoliaron el Palau con el cobro de dinero en efectivo a través de cheques en ventanilla que se ingresaban después en la caja de seguridad de Millet; con las obras en sus casas particulares y con unos incentivos irregulares --"Llámenle bonus, llámenle botín"-- y con viajes a destinos exóticos.

Sobre las presuntas comisiones ilegales de CDC, Ulled dijo que los tesoreros sólo eran "el gatillo de la pistola" del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales de los convergentes a la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas, y que cifró en 6,6 millones de euros.

Tras cuatro meses y medio y una cincuentena de sesiones en los que comparecieron ante el tribunal un total de 16 acusados, el juicio quedó visto para sentencia, casi ocho años después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música por primera vez, en julio de 2009.

El caso arrancó a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona y dejó 65 cajas con 102 volúmenes, con 60.784 folios más la documentación de las diferentes piezas separadas, y lo instruyó el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, por el que pasaron varios magistrados entre su inicio y 2016, cuando se remitió a la Audiencia.