Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se reunieron hasta dos veces en secreto para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica antes de la reunión, esta sí pública, que tuvieron la pasada semana en Moncloa y de la que salió el anuncio por parte del líder de ERC sobre el acuerdo con el Gobierno que tantas ampollas ha levantado en los últimos días entre la oposición y el resto de comunidades autónomas.
"Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", dijo el propio Junqueras el pasado lunes al ser preguntado por el tema y, aunque no confirmó esas reuniones, la portavoz del Gobierno Elma Saiz afirmó que la "ingente labor de diálogo" a veces se lleva a cabo "con total discreción".
Han sido fuentes de Moncloa quienes han confirmado que estas reuniones con Junqueras se produjeron, a la vez que han negado que se hayan producido también con otros líderes independentistas como Carles Puigdemont (Junts) o Arnaldo Otegi (EH Bildu). Lo que no han detallado es cuándo ni dónde se celebraron esas reuniones.
Estas reuniones trajeron consigo el acuerdo, anunciado por el propio Junqueras el pasado jueves, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que pretende sacar adelante el Gobierno.
Junqueras explicó que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más y que se respetará el principio de ordinalidad con este nuevo modelo.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la propuesta asegurando que el Gobierno inyectará hasta 20.000 millones de euros adicionales a repartir entre todas las comunidades autónomas y confirmó que se respetaría la ordinalidad para algunas regiones.
Este modelo levantó las críticas de la oposición y de otros comunidades autónomas, destacando especialmente las palabras del barón socialista Emiliano García-Page. "Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de esa España que ellos quieren romper, prefiero que hablen los españoles", dijo el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha en lo que muchos entendieron como una reclamación sobre un adelanto electoral.
