El curso político 2025-2026 acaba de arrancar, pero atisba ser tan intenso como el pasado, con una oposición encarnizada que se ha visto recrudecida después de la aprobación de la condonación de la deuda o la gestión de los incendios. Y con un Ejecutivo que busca, por un lado, apoyos para aprobar medidas como los Presupuestos Generales del Estado, y, por otro, tratar de superar las constantes crisis que la corrupción que le asola y que no han caducado después del verano.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere saber qué hay en el pendrive de Leire Diez, la 'fontanera' del PSOE
El pasado mes de junio, cuando se destapó el escándalo de las reuniones de la 'fontanera' Leire Diez con empresarios y guardias civiles a los que pedía información para 'eliminar' a los investigadores de las causas judiciales que acorralaban al PSOE a cambio de ascensos en la Benemérita y un mejor trato por parte de la Fiscalía, Diez entregó al PSOE un pendrive con conversaciones que había grabado en los últimos años y que fue remitido a la Fiscalía General del Estado.
La 'fontanera' -acusada de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias- señaló en su momento que, como periodista que es, se encontraba realizando una investigación para un libro. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para conocer el contenido del dispositivo de almacenamiento. Estas, según apuntó 'La Razón', son de carácter reservado y corren a cuenta de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durantez y el fiscal Jesús Alonso.
En un primer momento, también se barajó la posibilidad de enviar el USB a la Fiscalía Anticorrupción, pero se decidió que recayese sobre la Audiencia Nacional. Del mismo modo, estas escuchas están siendo investigadas por un juzgado de Madrid que también trata de hallar indicios delictivos.
Cabe recordar que Diez era la mano derecha del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que sus principales objetivos eran el teniente general de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda. Igualmente, pese a que supuestamente era una simple militante, cuando todo estalló pidió la baja voluntaria del partido y la rueda de prensa en la que iba a dar explicaciones a la prensa, se produjo un tenso momento con el nexo corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Peinado pide los correos de Begoña Gómez desde 2018
Por su parte, el juez Peinado le ha solicitado a la Presidencia una copia de los correos de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde julio de 2018 en aras de descubrir si se incurrió en el delito de malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La misma será remitida a la UCO para su "análisis e informe". Además, ha adelantado la comparecencia de Gómez del 11 al 10 de septiembre al haber quedado "acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos".
Además, el juez instructor le ha pedido a Presidencia que detalle "el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual para ocupar el puesto de directora de programas PG del Gabinete de Presidencia del Gobierno".
Del mismo modo, ha requerido que se le informe de quiénes "han venido autorizando, aprobando y/u ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha". Peinado ya le preguntó a Gómez si tenía algún correo vinculado a la Presidencia, dada su importancia para "conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con las empresas que colaboraron" con la cátedra que inicialmente dirigió Gómez sobre Transformación Social Competitiva.
El de malversación de caudales públicos no es el único delito del que está acusada la esposa del presidente, también ha estado investigada por el presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Se prevé que haya más imputaciones en el caso Koldo
El juez que instruye esta causa, Ismael Moreno, ha elaborado un informe a petición de la Fiscalía, necesario para prorrogar la investigación seis meses más, en el que detalla que es posible que haya más imputaciones en el marco del caso Koldo después de que la UCO entregue sus últimos trabajos al Supremo.
Así lo ha adelantado laSexta, que ha tenido acceso al texto en el que se recoge que "a la vista del estado que mantienen las presentes actuaciones, dado el numeroso material incautado en las diligencias de entrada y registro practicadas (documentación, efectos y metálico, evidencias digitales -teléfonos, ordenadores, y dispositivos de almacenamiento), que está siendo examinado por la Unidad Policial actuante para la elaboración de los oportunos informes, y cuyo avance irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones, es procedente, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, y de conformidad a lo interesado por el Ministerio Fiscal y algunas de las partes personadas que han evacuado el trámite conferido, acordar una nueva prórroga del plazo de instrucción de las presentes actuaciones por un nuevo periodo de seis meses".
Igualmente, en el mismo auto se indica que "se prorroga en seis meses más el plazo de instrucción del presente procedimiento, a computar desde el día 8 de septiembre de 2025, fecha de vencimiento del plazo de seis meses que viene acordado en las presentes actuaciones", es decir, la instrucción durará, como mínimo, hasta marzo del 2026.
Avance en la causa del fiscal general del Estado
Al margen de todas estas investigaciones, prosigue la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ya se encuentra procesado, a las puertas del banquillo, por la causa que le enfrenta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en la que presuntamente habría cometido el delito de revelación de secretos cuando supuestamente filtró el correo en el que la defensa del novio de Ayuso reconocía la comisión de delitos de fraude fiscal.
Es la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado resulta procesado. Por el momento, el Gobierno no se plantea su cese y le ha reiterado su apoyo en múltiples ocasiones. No obstante, se espera la resolución definitiva del caso. Esta semana ha sido especialmente tensa, puesto que distintos estamentos de la judicatura han pedido que no acuda a la apertura del Año Judicial.
David Sánchez, al borde del juicio oral
Otra causa que sigue avanzando con paso firme es la que investiga al hermano del presidente, David Sánchez, por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por su contratación por la jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.
La jueza Beatriz Biedma ha rechazado archivar la causa y ha elevado el caso a la fase de procedimiento abreviado, por la cual se insta a la Fiscalía y las acusaciones a preparar el formulario escrito de acusación o sobreseimiento. Por tanto, Sánchez se encuentra procesado, pero conserva su pasaporte, ya que la magistrada no atisbó riesgo de fuga.
En esta causa también está implicado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, del cual se investiga la operación que llevó a cabo para aforarse por un presunto delito de fraude de ley. Cabe recordar que para lograr el aforamiento, Gallardo tuvo que 'pasar por encima' de cinco cargos socialistas.
