El Gobierno retomará este martes la actividad política con el Consejo de Ministros centrado en la crisis de los incendios forestales. La cita servirá para aprobar el primer paquete de medidas de emergencia y declarar oficialmente como zona afectada de protección civil a los territorios más golpeados por las llamas. Con esta decisión se abrirá la puerta a compensaciones económicas y fiscales para familias y empresas que han perdido sus bienes.
La declaración permitirá dar apoyo a particulares que han visto arrasadas sus viviendas habituales o que han perdido enseres básicos. Desde Moncloa no han detallado aún el alcance económico, pero se espera que estas ayudas incluyan indemnizaciones directas y beneficios fiscales.
Además, se pondrá en marcha de nuevo una comisión interministerial contra el cambio climático. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, estará al frente del organismo, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se encargará de la coordinación de Protección Civil.
Un pacto por el clima en el horizonte
Pedro Sánchez pretende que esta comisión sirva para impulsar el pacto de Estado por el clima que viene defendiendo desde hace meses. El presidente ha adelantado que llevará la propuesta a la Conferencia de Presidentes de Asturias, en el último tramo del año, para lograr la implicación directa de las autonomías. El objetivo es alcanzar "unidad" política y convertir a las comunidades en una "pieza esencial" para "implementar todas las políticas de prevención, respuesta y reconstrucción" tras catástrofes como la actual.
El Partido Popular ha cargado contra la estrategia del Ejecutivo. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, criticó tras la visita de Sánchez a Jarilla que "los ciudadanos están un poco cansados de que, en medio de una emergencia y de su sufrimiento", se hagan este "tipo de anuncios".
La escalada verbal llegó al máximo cuando el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, calificó de "pirómana" a Virginia Barcones, directora general de Emergencias. La funcionaria había advertido antes que las comunidades del PP enviaban peticiones imposibles, con "una lista innumerable" de medios que en realidad buscaban "no tener que hablar de su propia gestión" en la extinción.
Los populares acusan al Ministerio del Interior de no haber desplegado la maquinaria a tiempo y de incumplir con el catálogo de medios que debía estar operativo desde 2020. En sentido contrario, ministros como Óscar Puente han denunciado que la Junta de Castilla y León mantuvo brigadas estatales paradas mientras su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaba más efectivos al Gobierno central.
