La reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición continúa su recorrido en el Congreso de los Diputados. Este viernes a las 18:00h finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas parciales. Entre ellas, una de ERC que propone reformar el delito de malversación para evitar que se pueda volver a usar de "forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista”.
Voces críticas dentro del PSOE
En concreto, la propuesta de los republicanos pide volver a focalizar la atención en el lucro personal, es decir, demostrar intención de enriquecerse a uno mismo o a terceros (así lo recogía la norma antes de la reforma que hizo el PP de Rajoy en 2015).
Tal y como explicó la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras (partidarios de esta reforma), "no es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa del dinero público que, simplemente, dar a este dinero un uso que puede ser considerado ilegítimo por la oposición o por un juez, pero que responde al cumplimiento de un programa electoral validado".
De la misma opinión son algunos de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, que indicó que "el reproche político no puede ser el mismo" cuando el delito lleva implícito un lucro personal que cuando no lo lleva. "La posición del Gobierno es rotunda y clara. Las enmiendas se tienen que estudiar, pero hay una línea roja y es que en ningún caso el Grupo Socialista va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción", aseguró la ministra.
Estas últimas declaraciones sobre la corrupción hacen referencia a las voces críticas dentro del Gobierno de coalición y del PSOE sobre que una reforma del delito de malversación podría tener como daño colateral el beneficio a los corruptos, un movimiento muy difícil de explicar a los votantes a pocos meses de las elecciones.
Nuevo delito de enriquecimiento ilícito
Por este motivo, el PSOE y Unidas Podemos van a presentar este viernes una enmienda a la reforma del Código Penal para crear un nuevo delito. Se trata del delito de enriquecimiento ilícito, que prevé hasta tres años de cárcel para cargos públicos que no puedan justificar un enriquecimiento superior a 250.000 euros tras el requerimiento de un órgano oficial. Según publica la Cadena Ser, el objetivo del Gobierno es modificar la malversación, pero reforzando a su vez la lucha contra la corrupción.
La Ser adelanta el texto de la enmienda en el que se introduce un nuevo artículo 438 bis que establece que, por un periodo de hasta cinco años tras haber desempeñado cargo público, quien "haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados" tendrá como castigo penas de prisión de seis meses a tres años, "multa del tanto al triplo del beneficio e inhabilitación especial para empleo o cargo públicos y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de entre dos a siete años" en caso de que se negara "abiertamente a dar el debido cumplimiento a los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación".
La enmienda de ERC pide dejar de usar la malversación con finalidad política
Las enmiendas presentadas por ERC a la reforma del Código Penal piden evitar que se use la malversación con finalidad política y arbitraria contra el independentismo. En concreto, su objetivo es "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista".
Las enmiendas quirúrgicas de los republicanos pretenden "redefinir, esclarecer y evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal" y su texto vuelve al modelo previo a la reforma ejecutada por el PP de Mariano Rajoy en 2015.
La reforma del PP de 2015
Un año después del 9N, la consulta propiciada por Artur Mas en 2014, el PP de Mariano Rajoy se amparaba en su mayoría absoluta para responder con una reforma penal del delito de malversación, que ampliaba el foco no sólo al lucro personal o para terceros, sino también al uso y administración desleal del patrimonio público. De esta manera, el Ejecutivo popular se aseguraba de que si alguien más repetía una consulta como la de Mas, sería acusado de malversación, tal y como sucedió con los líderes del procés.
