La localidad murciana de Jumilla ha acaparado todos los focos de la primera semana de vacaciones del curso político. Su ayuntamiento, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha aprobado una moción por la que limitan el uso de los espacios públicos deportivos.
Todo se originó cuando Vox registró dicha petición en el consistorio, por la que pretendían evitar que la población musulmana -3.000 de 30.000 habitantes- utilizase el polideportivo municipal para realizar las fiestas del rezo colectivo del Aid el-Fitr (fin del Ramadán) y el Aid el-Adha (Fiesta del Sacrificio). El PP la enmendó y de los ocho puntos que contenía tan solo se aprobaron dos.
¿Cuál era el contenido de los dos puntos aprobados?
Tal y como explicó la portavoz del consistorio, Mª Carmen Cruz, a los micrófonos de 'Más Vale Tarde' el primer punto tramitado tiene que ver con la "promoción de actividades, campañas y propuestas que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosos de nuestro país".
Mientras que en el segundo se insta al ayuntamiento a comenzar con los trámites necesarios para modificar el reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales con el fin de que sean "exclusivamente" para uso del ámbito deportivo.
Cruz reconoció que mientras se aprueba esta enmienda, los ciudadanos que profesen la religión musulmana podrán hacer uso de este complejo para sus festividades, sin embargo, "una vez que esa normativa esté aprobada, no lo podrán hacer".
Asimismo, ratificó que "no hemos vetado nada, no hemos vetado absolutamente nada". Pero recordó que Jumilla tiene más espacios municipales en los que se podrán organizar estos eventos: "Jumilla tiene más espacios, ¿eh? ¿Por qué lo centran ahí? ¿Tiene más espacios? Claro, ¿quién ha dicho que se tenga que centralizar ahí? ¿Lo ha dicho alguien? ¿Tiene que ser así porque alguien quiere que sea así? No, efectivamente".
No obstante, ha aseverado que a pesar de que no podrán realizar estas actividades en el polideportivo, en el caso de que "venga la comunidad árabe o si viene la comunidad latinoamericana y quieren hacer un torneo de fútbol o un torneo de baloncesto, por supuesto que tendrán la cesión de las pistas, por supuestísimo".
La reacción del PSOE
La polémica ya estaba servida y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no dudó en echar más leña al fuego. Saiz le esgrimió al PP que la moción aprobada era "incomprensible" y que no entendía como el Partido Popular no daba "un paso atrás, pedir perdón a los vecinos y vecinas de la localidad".
Asimismo, quiso solidarizarse con la parte de la población de Jumilla damnificada y les envió "un mensaje de solidaridad", así como les pidió "tranquilidad", ya que el Gobierno "va a estar muy vigilante" y "monitorizar" los posibles discursos racistas y xenófobos, para hacer que "se cumpla la Constitución Española".
De hecho, la ministra abogó por la Carta Magna para recordar que esta blinda la libertad de culto y "prohíbe cualquier tipo de discriminación por cualquier origen o causa", es por ello que Saiz señaló que "la respuesta de los portavoces del Partido Popular es incomprensible ante este bochorno internacional".
También se encargó de cargar contra las redes sociales -a las cuales calificó como el canal de difusión de "ese odio que algunos intentan propagar y que luego puede trasladarse a nuestras calles"- y el líder de la oposición: "¿Dónde está el señor Feijóo? Su silencio es atronador en esto que está ocurriendo".
No ha sido la única líder socialista que se ha pronunciado, de hecho la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de alimentar los discursos de odio y de señalamiento a cambio de votos y sobre Feijóo ha asegurado que "le da igual institucionalizar el racismo y la islamofobia" si logra con ello "seducir" al votante de Vox para llegar al poder.
De igual forma, ha culpado a "este mix, este tándem PP-Vox" de difundir y promover estos discursos racistas, en una clara alusión a Torre-Pacheco y Jumilla. Además, según ha afirmado la portavoz, la "tibieza" a la hora de condenar este tipo de hechos "lejos de acercar al PP al centro, lo que ha hecho es dar un volantazo hacia la ultraderecha".
"Vamos a luchar con todas las herramientas democráticas que tenemos a nuestro alcance para acabar con esta confrontación y para acabar con este discurso de odio al que nos está llevando ese mix, ese tándem del PP y Vox, porque como decimos no es el único ejemplo o un caso aislado lo que ha pasado en Jumilla", concluyó la portavoz.
El PP se desmarca de Vox
Ante la vorágine que se había formado el PP tenía que responder y el encargado de hacerlo fue el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien reivindicó que su formación es "el partido de la libertad" y "el partido constitucionalista", así como trató de alejarse de los "líos" y las "grandes bravuconadas" del partido de Abascal con los inmigrantes.
"Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece y lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, cómo no voy a respetar cualquier otra fe", explicó De los Santos, quien acusó a Vox y al PSOE de "pretender seguir polarizando" con esta cuestión y al Gobierno de querer hacer pasar al PP por un partido "xenófobo".
Posteriormente, cargó contra su 'socio' político y les instó a solucionar "sus líos y sus grandes bravuconadas" en materia de migración e indicó que "el problema con las personas migrantes no está en las personas migrantes, sino en quienes las gestionan", en referencia al Gobierno como competente "en fronteras, en seguridad y en inmigración".
Abascal se enorgullece de la medida
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también se posicionó al respecto y aseguró que esta medida es un "logro", así como que "España no es Al-Ándalus". Además, Abascal explicó que la medida pretende "proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida", así como calificó la entrada de musulmanes al país como una "invasión" y ha pedido a los adeptos de Mahoma "renunciar expresamente a imponerla", su religión.
"Queremos que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España", expresó, al tiempo que insistió en que "para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres". El líder de Vox también defendió que cualquier persona que llegue a España debe adaptarse a "nuestra cultura". No obstante, ha reconocido que "cualquier persona tiene perfecto derecho a profesar su religión", aunque en el caso del Islam, solo se puede permitir si renuncian "a imponer ideologías y leyes totalitarias". Puesto que, "el islamismo" es una "ideología extremista que trae consigo sus propias leyes".
Hasta la Iglesia se pronunció al respecto
La Conferencia Episcopal como autoridad cristiana en España también salió al paso de la polémica y también se posicionaron en contra de las normativas aprobadas. Por medio de un comunicado insistieron en que "hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas".
"La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes", aseveraron los mandatarios cristianos, al tiempo que indicaron que "en relación con la decisión del Ayuntamiento de Jumilla nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España. Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Española en su artículo 16.1".
El cual es el garante de la libertad de culto en España, y que les sirvió para culminar con la referencia al artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos que asegura la "libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".
Por tanto, los obispos concluyeron que "la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. Esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica. Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas".
Todo acaba con el Defensor del Pueblo
Otra de las partes interesadas y que se pronunció al respecto fue el Defensor del Pueblo, quien, de oficio, ha solicitado a la alcaldesa de Jumilla, Seve González, información acerca de la moción aprobada. El objeto de esta decisión es conocer el contenido del acuerdo adoptado por el pleno municipal "con la indicación de las medidas previstas a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos".
