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Juicio por desobediencia

Torra reconoce que desobedeció la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos porque era "ilegal"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que obedeció la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, aunque ha matizado que lo hizo porque era una decisión "ilegal". También ha dicho que él cumplió con su obligación.

Xavier Abelló
  Barcelona | 18/11/2019

"Sí, desobedecí porque la JEC no es un órgano superior competente para ordenarme retirar los lazos amarillos", y en eso ha fundamentado Quim Torra su defensa, en que como presidente de la Generalitat -el primero que se sienta en un banquillo estando en ejercicio- hizo lo que le pareció correcto, que era desobedecer. Llama la atención que al final sí quitara de los balcones y ventanas el lazo, pero cuando el plazo que le dio la JEC había expirado. No ha explicado por qué no siguió desobedeciendo.

Al responder únicamente a las preguntas de su abogado, la Fiscalía no ha podido interrogar al president sobre por qué finalmente se retiró la pancarta, pero lo ha intentado con el comisario de los Mossos, Miquel Asquius, citado como testigo y que ha explicado que tras la última orden de la JEC -que ya pedía la intervención de los Mossos- los distintos departamentos del Govern quitaron la simbología sin resistencia alguna y, a su juicio, sin desobediencia a esa última orden.

Aún así, el president ha querido autoinculparse reconociendo la desobediencia pero justificando que la orden que le dieron era "ilegal" y que hubiese tenido que prevaricar para cumplirla.

Se ha reafirmado en que ni dio la orden de retirar los lazos ni la dará en futuras ocasiones: "Yo tengo muchos deberes como presidente de la Generalitat pero el primero es el de defender los derechos y libertades de mis ciudadanos. Nunca ordenaré a nadie que retire una estelada o cualquier otro símbolo que considere que tiene que lucir en su edificio".

Torra también ha afirmado que pancartas como la que se ordenó retirar, no sólo tendrían que estar en la Generalitat, sino también en los edificios públicos del Gobierno porque "hay presos políticos" y porque el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas "instó al Estado" a dar publicidad de esa injusticia.

Esas han sido todas sus explicaciones. De momento, el fiscal ha elevado a definitiva la petición de un año y ocho meses de inhabilitación.

La imagen de Torra en el banquillo incomoda al PSC porque dice que no le gusta ver al president de la Generalitat frente a la Justicia, pero afirma que "todos somos iguales ante la ley".

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