El sumario ha tenido 266.650 folios y en él han figurado 2.300 personas o entidades que se sienten perjudicadas por el efecto del naufragio del buque y que presentaron en su día reclamaciones civiles, además de las 2.090 partes personadas.
Se han creado 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria que representa el letrado Ramón Sabín, en nombre de unos 14.000 afectados por la marea negra, concretamente las 11.000 toneladas de fuel que salpicó 1.700 kilómetros de Costa da Morte.
Se calcula que el Prestige ocasionó al Gobierno un coste de 4.334 millones de euros. De ellos, 2.300 se corresponden a Galicia y el resto repartidos por la costa cantábrica. El Gobierno gastó mil millones en las tareas de limpieza.
La aseguradora del barco, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance, indemnizó al Estado con 22 millones de euros nada más ocurrir el siniestro. No tendrá que pagar más.
Hasta 130 personas han sido citados como testigos del accidente, entre los que ha destacado el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. En el juicio, 70 abogados han sido los responsables de defender a las partes.
Once años después de la catástrofé y tras ocho meses de juicio, el tribunal ha absuelto a los tres acusados, (el capitán, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto). Eso sí, ha condenado al capitán del buque a 9 meses de prisión por un delito de desobediencia grave.
Las 55 acusaciones particulares en el juicio compartían que Mangouras, el capitán del barco, pagase la factura del desastre. Asímismo, la Fiscalía pedía 12 años para Mangouras por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia. El tribunal ha rechazado estas peticiones y no ha declarado ningún responsable civil.
El tribunal ha eximido de responsabilidad a la Administración, ya que trató de evitar daños y no provocó la catástrofe, y no ha declarado, por lo tanto, a ningún culpable.
