El acuerdo entre Junts y el Gobierno para que la Generalitat gestione las competencias en inmigración ha puesto el foto en el planteamiento que hace el partido de Carles Puigdemont para regularizar a los ciudadanos extranjeros que pretendan instalarse en Cataluña.
Uno de los aspectos importantes es fijar por ley el grado de "catalanidad" que una persona debe acreditar para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo. El texto acordado no especifica ninguna exigencia de acreditar el nivel de conocimiento sobre el catalán, pero los de Junts tienen la intención de que el Parlament regule un listado de requisitos.
En el acuerdo se introduce el concepto de "supervivencia de la catalanidad" en la exposición de motivos para transferir las competencias sobre inmigración. La proposición de ley de PSOE y Junts establece que las personas que llegan de otros países, además de derechos, deben cumplir "unos deberes claros" y respetar los "valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales", como la lengua autonómica.
El "grado de catalanidad" implicaría un nivel mínimo de conocimiento y uso de la lengua catalana, así como el respeto por la cultura y los valores propios de la región. Se trataría de una medida que no solo fomentaría la integración de los nuevos residentes, sino también un refuerzo del carácter nacional y lingüístico de Cataluña, según Junts.
Críticas a esta propuesta
Esta propuesta han generado controversia y críticas por parte de quienes consideran que este enfoque puede ser excluyente y discriminatorio, ya que podría limitar la integración de inmigrantes que no tengan un conocimiento fluido del catalán o que provengan de contextos socioculturales muy distintos.
Puigdemont ha afirmado que en los informes de arraigo, el catalán ya es un elemento para valorar si aquella persona ha adquirido un grado de arraigo suficiente que acredite la renovación de su residencia en Cataluña, pero ha asegurado que "esto no pasa".
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y migración, Elma Saiz, ha asegurado en 'Más de uno' que a lengua no puede ser motivo de discriminación. Para la ministra Elma Saiz, "la lengua no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona de nuestro país o prohibir su entrada". Por ello, a esta delegación de competencias se le aplicará la normativa vigente en materia lingüística y en la ley de extranjería, "no es un requisito el conocimiento de una lengua".
Dicho esto, insiste en la importancia de ser conscientes de cómo conocer una lengua es una palanca fundamental para la inclusión de las personas en una sociedad.
"No voy a comprar el marco de Vox, que demoniza las lenguas cooficiales y nos quiere llevar a tiempos oscuros en los que hablar catalán, hablar euskera o gallego estaba prohibido", sostiene Saiz evitando hacer comparaciones con lo que defiende la derecha catalana.
