El Consejo de Ministros aprobará este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una de las reformas más ambiciosas del proceso penal en España. El texto, impulsado por el Ministerio de Justicia, prevé que la instrucción de las causas deje de estar en manos de los jueces y pase a la Fiscalía, lo que supone un cambio estructural en el modelo judicial vigente desde hace más de un siglo.
Según fuentes del Ejecutivo, la norma entraría en vigor en enero de 2028 y contempla además excluir a los partidos políticos y sindicatos de la acusación popular. También plantea modificar el mandato del fiscal general del Estado, que pasará de cuatro a cinco años para que no coincida con los periodos de legislatura del Gobierno.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió la semana pasada que el nuevo modelo busca "adaptar la justicia española al estándar europeo", de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado, y la investigación la lleve la Fiscalía". Aseguró además que se trata de una reforma "más garantista", dado que un juez de garantías podrá revisar, confirmar o revocar las decisiones del Ministerio Fiscal durante la fase de investigación.
Críticas del ámbito judicial: riesgo de injerencias políticas
La iniciativa ha despertado un amplio rechazo entre asociaciones judiciales y fiscales, que alertan del riesgo de politización del Ministerio Público. El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, advirtió este lunes de que "el riesgo de injerencias políticas es enorme" en un país "tan polarizado como España". Según Oliva, trasladar la instrucción a los fiscales sin garantizar su autonomía real "no moderniza la justicia, la politiza".
"España necesita blindar la imparcialidad del Ministerio Fiscal. Solo así la reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes", subrayó.
También el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, calificó la propuesta como "un despropósito", al considerar que compromete la independencia judicial. "Tengo una preocupación enorme por la situación actual", afirmó durante el debate Reflexiones desde la Justicia, organizado por La Razón, donde denunció "el intento del Gobierno de poner en marcha una serie de reformas que cuestionan la independencia del poder judicial".
El PP denuncia un "ataque al Estado de derecho"
Desde la oposición, el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de "debilitar la independencia de los poderes del Estado". El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, señaló que la nueva ley permitirá que "el fiscal general del Estado decida cómo se instruyen las causas por orden de Moncloa".
Calificó la reforma como "un nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al poder judicial" y un "atentado contra el Estado de derecho", recordando que los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general, quien a su vez depende del presidente del Gobierno.
Díaz-Pache criticó además que el mandato del fiscal general se amplíe a cinco años y que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular, lo que —según dijo— afectará tanto a investigaciones que implican al Gobierno como a causas abiertas sobre atentados de ETA en las que el PP está personado.
