El PSOE y Sumar cierran filas en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo acordara la apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos. Los dos socios de la coalición defienden la presunción de inocencia del jefe del Ministerio Público y denuncian, en el caso de Sumar, vulneraciones de garantías procesales.
El Gobierno mantiene la confianza
Desde Moncloa, el mensaje fue de respaldo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, fue la primera en reaccionar y subrayó que el Ejecutivo “mantiene la confianza en el fiscal general y, por supuesto, también en su inocencia”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue más allá al considerar “excesivo” el paso dado por el Supremo y compartir el criterio del voto particular del propio tribunal: “A este señor se le va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba”, afirmó. En paralelo, el titular de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, apeló a la calma institucional: “Total confianza en el fiscal general del Estado. Total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo; dejémosles trabajar porque el Estado de derecho funcionará seguro”.
PSOE y Sumar invocan la presunción de inocencia
En el Congreso, el portavoz socialista Patxi López reivindicó la presunción de inocencia y celebró que el Supremo no haya suspendido de funciones a García Ortiz. “Yo estaré con quien defiende la verdad y con la presunción de inocencia”, dijo, cuestionando qué país sería aquel que forzara dimisiones sin respetar ese principio mientras “siguen en la calle quienes no son inocentes”.
La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, denunció que el proceso “no respeta las garantías constitucionales”, al sostener que “no se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia” y que en este caso “se están desoyendo indicios, pruebas y testificales”.
Del “lawfare” a lo “inaudito”
Podemos elevó el tono. Su secretaria general, Ione Belarra, sostuvo que el Supremo “claro que hace política” y calificó lo sucedido como “un claro caso de lawfare que ensucia aún más nuestra democracia”. Desde ERC, la portavoz en el Parlament, Ester Capella, consideró “inaudito que sienten en el banquillo al fiscal general del Estado”, recordando también como “inaudita” la entrada y registro en su despacho en el marco de estas diligencias.
El caso que llega a juicio oral
El instructor de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Ángel Luis Hurtado, decidió abrir juicio oral a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de información del procedimiento por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El núcleo de la causa se remonta a marzo de 2024, cuando, en plena pugna por el relato público, la Fiscalía difundió una nota para desmentir que hubiera ofrecido un pacto y, esa misma noche, trascendió el contenido de un correo privado con datos del investigado. La incógnita que el tribunal tratará de despejar es quién filtró o quién ordenó filtrar ese correo.
Con la apertura de juicio, el caso pasa a la Sala de lo Penal del Supremo, que fijará el calendario de vistas. García Ortiz mantiene sus funciones y llega al banquillo amparado por la presunción de inocencia, mientras el Gobierno y sus socios reafirman su respaldo entre acusaciones cruzadas de lawfare y cuestionamientos al proceder del alto tribunal.
