LEY DEL SUELO

El PSOE fracasa en su segundo intento de reformar la Ley del Suelo

El Congreso de los Diputados ha rechazado por segunda vez en nueve meses la reforma de la ley del suelo. Solo PSOE, PNV y Coalición Canaria han votado a favor.

ondacero.es | EFE

Madrid |

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una sesión de control en el Congreso de los Diputados
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una sesión de control en el Congreso de los Diputados | Fernando Sánchez / Europa Press

El Congreso de los Diputados ha rechazado la reforma de la ley del suelo pactada por el PSOE y el PNV. Es la segunda vez que la Cámara Baja rechaza su tramitación en nueve meses. En la anterior ocasión, el Gobierno retiró la propuesta por falta de apoyos. Ahora ha ocurrido lo mismo ya que tanto los partidos a la derecha como a la izquierda del PSOE han votado en contra.

La iniciativa no ha salido adelante ya que ha obtenido 126 votos a favor (PSOE, PNV y Coalición Canaria) por los 186 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, Bildu y Podemos) y 34 abstenciones (Vox y BNG).

Críticas desde la izquierda

El partido que forma el gobierno de coalición junto con el PSOE, Sumar, ha votado en contra ya que considera que la propuesta es un "copia y pega" del anteproyecto de ley aprobado por Mariano Rajoy en 2018 y cree que es un proyecto que vinculado a la "corrupción" y la "especulación urbanística". "Es un texto para aquellos que creen que el sistema funciona y que el de la vivienda es un problema de burocracia y de aplicación de los planes urbanísticos", ha criticado el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez.

Bildu por su parte cree que es "razonable" la invitación a apoyar la tramitación de esta propuesta y presentar enmiendas para mejorarlas, pero no lo ha hecho porque cree que el punto clave debería ser modificar el artículo 18, según el cual la administración pública solo puede quedarse un 5% y un 15% del suelo recalificado.

En cuanto a ERC se han mostrado partidarios de "agilizar" los trámites, pero "de forma seria sin rebajar las garantías ciudadanas" y se han quejado de no haber recibido "una sola llamada para negociar".

Junts ha reafirmado su negativa a apoyar esta medida ya que lo considera una "competencia exclusiva" de Cataluña. Es el mismo argumento que empleó el mes pasado cuando registró una enmienda a la totalidad del texto que finalmente retiró el Gobierno y que es casi idéntico al presentado hoy por el PNV.

El PP apuesta por su proposición

Si el PP se hubiera abstenido, la ley habría salido adelante. Sin embargo ha votado en contra. El popular Miguel Ángel Sastre ha explicado que esta reforma se trata de "una mala copia" de su proyecto de 2018 y "no está a la altura" de la que registraron ellos en el Senado.

"La nuestra es fruto de hablar con expertos y con las comunidades autónomas y es un plan integral que reforma seis leyes, la suya es pura fachada", ha subrayado. Mientras que la diputada del PNV y proponente del texto Maribel Vaquero ha sostenido que, tras leer la propuesta de los populares, "su planteamiento es muy similar, incluso con una redacción idéntica en algunos párrafos", por lo que su voto en contra es "oportunismo político".

Respeto para los alcaldes

Vaquero también ha criticado la posición de Sumar y la considera "insultante" y "demagógica", quienes consideran que "pone en duda la labor y legalidad de alcaldes y concejales". De igual modo piensa la socialista Rafaela Romero, quien pide a Sumar que respete a los "más de 60.000 alcaldes españoles" y que "no se trata de elegir bando, sino de no cambiar de bando cuando la gente te necesita".

La diputada de Coalición Canaria ha pedido "abandonar las trincheras" para que se tramite la reforma, mientras que Vox ha abierto la puerta a la abstención: "Bienvenidas sean las mejoras técnicas y la seguridad jurídica" ha expresado su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

La reforma de la ley del suelo pactada hace meses por el PSOE y el PNV pretende que los planeamientos urbanísticos no se puedan anular en los tribunales por un defecto formal o de procedimiento, después de una compleja tramitación que dura entre ocho y doce años.