En declaraciones a los periodistas en la plaza de la Villa, el concejal de Ahora Madrid ha indicado que dicha querella, enviada por vía telemática, es por la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los cargos públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Villacís, candidata de la formación naranja a la Alcaldía de Madrid, ocultó durante tres años en sus declaraciones la sociedad profesional y patrimonial que administraba junto a su marido, aunque Villacís defiende que dejó de ser administradora en 2009 y que no lo comunicó al registro mercantil por "error".
Para Izquierda Unida, el comportamiento de Villacís es contrario al artículo 441 del código penal, lo que podría conllevar penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.
Sánchez Mato ha asegurado que han presentado esta querella por "deber político" ya que se deben "aclarar los hecho" porque Villacís ha eludido su obligación de declarar sus intereses de administradora solidaria y propiedades ligadas al ejercicio de su cargo y "debería haber pedido compatibilidad".
"A un concejal o letrado no se le puede olvidar comunicar los intereses en una sociedad, más si está pleiteando con el Ayuntamiento", ha señalado Sánchez Mato.
Y ha puesto como ejemplo sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al Gobierno municipal, al tiempo que figuraba como administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal (UPM) contra Juan Carlos Monedero y la concejal Rommy Arce por un delito de odio, hecho en el que se tenía que haber abstenido según el edil.
Sánchez Mato ha añadido que Villacís también "usó presuntamente su puesto" para construir una casa y comprar otros dos inmuebles.