El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha detallado que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario" por existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de una violación.
Ambos supuestos dependerán de que sea "necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" y que no hacerlo vaya a suponer "importante y duradero" para la salud "tanto física como psíquica" de la mujer.
Será condición "que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la salud o la vida de la mujer" y que deberán ser distintos de aquel que practique el aborto y no trabajar en el centro médico donde se vaya a producir. Ante peligro vital para la mujer en caso de urgencia, no será necesario este informe.
[[DEST:Será obligatorio un informe motivado de dos médicos explicando el peligro para la vida de la mujer]]
Las menores de 17 años deberán tener el consentimiento paterno
Superadas las 22 semanas de gestación "lo adecuado será la práctica de un parto inducido" salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles con la vida del feto que "no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero" o exista riesgo vital para la mujer "y no sea posible dentro de la clínicamente exigible la protección de la vida del concebido".
En cuanto a la existencia de problemas fetales, Gallardón ha apuntado que en caso de que "exista riesgo psíquico para la mujer" por la existencia de anomalías fetales "incompatibles con la vida", se podrá practicar el aborto y para ello se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro sobre el estado del feto, en el que "quede probada" dicha incompatibilidad, conforme los cánones del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al respecto.
De este modo, "será el hecho de que esa anomalía cause un daño psíquico de la mujer lo que le lleve a la despenalización" y no la circunstancia de que el embrión tenga problemas. "Si esas anomalías causan daño psicológico a la mujer entramos en un supuesto de despenalización pero no consecuencia del embrión, sino de que sus circunstancias generan un daño a la mujer. Si tal daño no existiese, no entraríamos en ese supuesto", ha concretado.
[[DEST:Superadas las 22 semanas , se practicará un parto inducido salvo dos excepciones]]
Asimismo, ha apuntado que la ley "solamente regula un supuesto específico que son las anomalías incompatibles con la vida" pero no entra en los problemas fetales que puedan causar "efectos en la salud psíquica de la mujer", asunto que "tendrán que apreciar los especialistas". Se evita así establecer distinciones entre malformaciones, algo, conforme ha recordado, "expresamente vetado por Naciones Unidas".
"Lo que estamos haciendo es [[LINK:INTERNO||||||hacer bueno y efectivo el cumplimiento que marcó el Constitucional ]]pero cuando existe de verdad un daño físico, un daño psíquico, el hecho de que dos médicos tengan que certificarlo no es una limitación, sino una constatación, porque si no fuesen en la misma dirección, el problema no sería el informe, sino que no es el supuesto contemplado en la legislación", ha añadido.
El ministro cree que esta ley recupera el consenso de 1985
Además, se elimina la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años se practiquen un aborto sin consentimiento de sus padres y se reforma el sistema de consentimiento informado, de modo que las mujeres tendrán que someterse tras recibirlo, a un periodo de siete días de reflexión (el actual es de tres).
Según el ministro, se busca que la mujer reciba una información "asistencial, individualizada, verbal, no sólo por escrito", de manos de "médicos y profesionales sanitarios y de servicios sociales que tendrán que ser diferentes de aquellos que practiquen el aborto". Además, "un colaborador del sistema público" ofrecerá "asesoramiento social" sobre las alternativas a la interrupción del embarazo.
En cuanto a la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, ha avanzado que cualquier profesional que intervenga en el aborto podrá acogerse a la misma "hasta el último momento" para "abstenerse" de participar en la intervención.
El ministro ha incidido en que la reforma "recupera el amplio espacio de consenso" existente con la legislación de 1985, que estuvo vigente hasta 2010 con sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, un acuerdo que los socialistas, a su juicio "rompieron unilateralmente" obviando además la doctrina del Tribunal Constitucional, "que se ha pronunciado hasta en tres ocasiones" para establecer que entre dos bienes jurídicos a proteger en conflicto, el legislador debe buscar el equilibrio.
