Más de cincuenta periodistas que cubren la información judicial han suscrito un comunicado en el que expresan su "preocupación y desacuerdo" ante la apertura de diligencias contra cuatro compañeros de profesión por un presunto delito de revelación de secretos.
La investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, afecta a informadores de los diarios El Mundo, El País y 20 Minutos, por unos hechos denunciados por la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a raíz de la difusión del informe de la UCO que atribuía al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, un “papel preeminente” en la revelación de secretos respecto al novio de Díaz Ayuso que investiga el Tribunal Supremo.
La Guardia Civil analizaba en dicho informe el contenido de todas las conversaciones halladas en el teléfono móvil de Pilar Rodríguez relacionadas con la filtración investigada. Tras su difusión por parte de todos los medios de comunicación, no sólo por los de los periodistas imputados, Rodríguez planteó una queja en la causa del Supremo por un posible delito de revelación, que el juez Ángel Hurtado remitió a los juzgados de Madrid al no ser competente para investigar estos hechos.
El escrito, enviado a los presidentes del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Isabel Perelló y Celso Rodríguez, y a la decana de los juzgados madrileños, María Jesús del Barco, advierte del “grave efecto disuasorio” que esta actuación puede tener sobre el derecho constitucional a informar y sobre la libertad de prensa.
Los informadores, que cubren tribunales en una treintena de medios de comunicación —incluido Onda Cero—, manifiestan en primer lugar su pleno respeto a la independencia judicial y a que los periodistas están sometidos a la ley como todos los ciudadanos, pero no comparten la apertura de investigaciones “que pueden afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional”.
Los periodistas sostienen que los contenidos publicados tienen un “indudable interés público” y que sus autores se limitaron a ejercer su labor, amparada por el artículo 20 de la Constitución Española.
“Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas se ven sometidos a investigaciones penales, tanto ellos como sus fuentes padecerán el efecto disuasorio (‘chilling effect’), que los tribunales internacionales han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas”, advierten.
En el comunicado también se subraya que las quejas que han motivado las diligencias contra los periodistas aluden a preceptos legales —como el artículo 466.2 del Código Penal o el 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— que se refieren a partes del proceso o a funcionarios de la Administración de Justicia, no a informadores protegidos por el secreto profesional.
El comunicado concluye reivindicando la “independencia, profesionalidad y honestidad” de los periodistas investigados, y recuerda que numerosos medios han informado en los mismos términos sobre la causa contra el fiscal general.
