El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La decisión llega tras la investigación que apunta a que el jefe del Ministerio Público habría filtrado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la propia Fiscalía.
Las posibles consecuencias legales
El magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Ángel Luis Hurtado, considera que existen indicios suficientes para que García Ortiz se siente en el banquillo. La imputación se basa en el artículo 417 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que revelen secretos obtenidos por razón de su cargo. Esta norma prevé penas que van desde la multa y la inhabilitación hasta la cárcel, con diferentes grados según la gravedad del daño causado.
En este caso, al tratarse de secretos de un particular, el Código Penal contempla prisión de dos a cuatro años, multa de entre doce y dieciocho meses, y la suspensión de empleo o cargo público por un período de uno a tres años.
Qué piden las acusaciones
Las acusaciones personadas en la causa han presentado distintas solicitudes de condena. La más dura procede de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que reclama seis años de cárcel y doce de inhabilitación al considerar que hubo también un delito de prevaricación en concurso con la revelación de secretos.
Otras partes, como la Fundación Foro Libertad y Alternativa junto a Hazte Oír y Vox, piden cuatro años de prisión e inhabilitación. En esa misma línea se sitúa la acusación particular que ejerce González Amador, que además solicita una multa de 108.000 euros y la suspensión del fiscal general de empleo y sueldo durante tres años. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid coincide en la petición de cárcel e inhabilitación, aunque rebaja la multa a 81.000 euros. Manos Limpias, por su parte, exige también cuatro años de prisión y eleva la sanción económica hasta los 216.000 euros.
La fianza y la indemnización
El magistrado instructor ha impuesto a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas. Si no la deposita en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes. Esta cantidad cubre tanto una eventual indemnización como las multas que podrían derivarse de la sentencia.
La acusación particular había reclamado una compensación de 300.000 euros por daños morales a González Amador, pero el juez ha considerado la cifra excesiva y la ha reducido a la mitad.
La apertura de juicio oral contra el máximo responsable del Ministerio Público marca un hecho sin precedentes en la justicia española. De ser declarado culpable, García Ortiz podría perder su cargo y enfrentarse a penas que oscilan entre los dos y los seis años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas y cuantiosas multas. El proceso, que ahora queda en manos de la Sala de lo Penal del Supremo.
