El juez Juan Carlos Peinado ha decidido mantener abierta la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y contra otras tres personas imputadas por hasta cinco presuntos delitos. Además, ha acordado imputar a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, a quien cita a declarar el próximo 12 de noviembre por un posible delito de malversación de caudales públicos.
En un auto fechado el 4 de noviembre, el magistrado rechaza el archivo de la causa solicitado por las defensas y por la Fiscalía, que venían reclamando el sobreseimiento al considerar que no existen indicios suficientes para continuar la instrucción. Pese a ello, Peinado confirma la continuidad del procedimiento contra Gómez; su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Judit González, nueva imputada
La novedad más relevante del auto es la imputación de Judit González Pedraz, a quien el juez atribuye un posible delito de malversación relacionado con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez. Según Peinado, existen indicios de que Álvarez habría realizado durante su jornada laboral funciones de carácter privado mientras percibía un sueldo público. Para fundamentar esta imputación, el magistrado recurre a la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo, que establece que la deslealtad en la administración de fondos públicos basta para configurar el delito de malversación, aunque no exista un perjuicio económico claramente cuantificable.
Los cinco delitos
La investigación a Begoña Gómez se centra en cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios del sector privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Buena parte de las sospechas giran en torno a su papel como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, así como a la inscripción a su nombre de la marca TSC y de un software financiado por empresas pero vinculado a la universidad.
El procedimiento sigue acumulando diligencias. Además de las nuevas citaciones, el juez ha solicitado las agendas de Gómez y de su asesora para que sean analizadas por la Guardia Civil, y mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con contratos y actividades de la cátedra en la Complutense. Está previsto que la instrucción se prolongue, como mínimo, hasta abril de 2026.
