El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos ante la celebración en Barcelona de la Conferencia de Presidentes para pedirles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 con medidas como triplicar la inversión pública, hasta casi 7.000 millones de euros, en esta materia.
En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, Sánchez resalta que la Conferencia de Presidentes es un foro para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre administraciones y considera que debe servir para hacer frente a problemas como el de la vivienda y debatir sobre ello el viernes "de forma serena y constructiva".
"Los españoles no nos eligen para generar crispación o llevar el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda - apostilla- es crucial y nosotros debemos estar a la altura".
Para Sánchez, el acceso a la vivienda es un desafío que hay que afrontar porque lo que se ha hecho hasta ahora estima que no es suficiente.
"Quiero invitarte a dar un paso más e impulsemos juntos un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030", escribe el jefe del Ejecutivo en esa misiva, en la que señala que el acuerdo podría aprobarse en los próximos meses y se asentaría en tres compromisos. En concreto: triplicar la inversión pública en vivienda, blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados dando más transparencia el sistema.
Respecto a la primera de esas propuestas, el presidente del Gobierno explica que en el último Plan Estatal (2022-2025), las administraciones destinaron 2.300 millones de euros a construir vivienda pública, rehabilitar edificios y facilitar el acceso al alquiler.
Hasta 7.000 millones más
Ahora pide aumentar esa cantidad hasta casi los 7.000 millones de euros, de los que el Gobierno se compromete a aportar 4.000 (un 60 %) siempre y cuando los ejecutivos autonómicos asuman más corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.
Respecto a la segunda propuesta, vincular la inversión al compromiso de blindar indefinidamente la calificación de las viviendas con protección pública, lamenta que la gran mayoría de los 2,4 millones de viviendas protegidas construidas en los últimos 45 años fueran fruto de la especulación y de los fondos buitre.
"Mi propuesta es que pongamos fin a esta terrible sangría y que todos nos comprometamos a que las viviendas que se financien con dinero público mantendrán de forma permanente su calificación de vivienda protegida, ofreciendo así -explica- una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía".
Respecto a su deseo de acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados, señala que no hay una base de datos pública y fiable que permita conocer los precios reales de compra, venta o alquiler, y eso impide a los gobiernos diseñar mejores políticas públicas y a los ciudadanos negociar de forma adecuada el precio de sus casas.
Por eso, plantea a los presidentes autonómicos que todas las administraciones vuelquen la información que tengan en una base de datos agregada y que se ponga a disposición de la ciudadanía, las universidades y el sector en un portal web.
Mejorar la información y blindar la vivienda pública
Este plan también incluiría otras medidas como la creación de una base única con todos los datos de compraventa de vivienda y alquiler que tienen el gobierno central y los autonómicos y no depender así de los portales privados.
Además, también busca garantizar que todo el dinero que salga de los fondos del Ejecutivo central a las comunidades autónomas se destine para construir vivienda pública que siempre va a ser pública y conseguir aumentar el parque actual que sigue muy por debajo de la media europea.
Fuentes del Gobierno aseguran a Onda Cero que se trata de medidas blancas con las que no se busca confrontar y confían en que salgan adelante por unanimidad como ha ocurrido con los anteriores planes estatales de vivienda.
Críticas del PP
Desde el PP, por su parte, han cargado duramente contra Sánchez por recurrir a otro anuncio de vivienda cuando "más cercado está por la corrupción y los espectáculos de las cloacas de su partido", según han indicado en un comunicado.
Según el PP, la vivienda "no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros". "Demasiado tiempo pensando en la vivienda de Jésica y muy poco pensando en la de los españoles", ha añadido el Partido Popular en el mismo comunicado.
"Sánchez no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional y menos en el momento actual. Lo primero que tiene que hacer es derogar su Ley de Vivienda, que en dos años de vigencia ha destrozado aún más el mercado inmobiliario, y desbloquear el texto presentado por el PP para dar curso también a la Ley Antiokupación que presentó hace más de un año el Grupo Popular", ha demandado el PP en el mismo comunicado.
