La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, anunciaba el martes pasado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la intención del Gobierno de reformar el Código Penal, una reforma que abarcaba diversos delitos, desde el referido a delitos sexuales, hasta los de sedición o rebelión.
A raíz de ese anuncio, se han sucedido las diferentes reacciones políticas que acusan al Gobierno de plegarse a los deseos de los independentistas.
Este mismo jueves, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido muy contundente en su opinión sobre esta posible modificación.
"Con los derechos de los españoles y españolas no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable, sino simple y llanamente de alto consenso social que, además, no pueden decidir aquellos que aún hoy siguen diciendo que si pueden, volverían a hacer lo mismo", ha dicho.
Además, también ha dicho que actualmente estamos inaugurando un ciclo en el que "parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque de lo que se hable sea veneno".
"Ya me gustaría que se arreglase hablando porque si no, vamos a tener que ir a los tribunales, cuando otros que ya están allí incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, lo cual no deja de ser increíble y paradójico", ha añadido.