El Partido Popular, Vox y Junts han unido de nuevo sus votos en el Pleno del Congreso para provocar una nueva derrota al Gobierno de coalición. Esta vez han tumbado la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Sumar para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción.
El resto de socios de investidura sí han votado a favor, mientras que el diputado de UPN, Alberto Catalán, se ha abstenido. Se trata de una nueva derrota tras la de la semana pasada, cuando los mismos partidos votaron en contra de la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Qué es la Oficina Anticorrupción que propone Sumar
La Oficina Anticorrupción, según el texto presentado por Sumar, sería un organismo de derecho público con personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional y plena capacidad para cumplir sus fines.
Sus objetivos fundamentales serían prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos y cualquier aprovechamiento irregular derivado de conductas que impliquen conflicto de intereses o el uso indebido de información pública en beneficio de lo privado.
Asimismo, fomentaría valores y principios de integridad pública, impulsaría una cultura de buenas prácticas y promovería el buen gobierno a la ciudadanía. En la proposición de ley también estaba incluido un régimen sancionador que calificaba las infracciones como leves, graves y muy graves y la creación de un Registro Central de Infracciones, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
PP y Vox lo ven como un intento de blanqueo y Junts como "una ocurrencia de última hora"
Al terminar la sesión, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, dijo a los medios que el voto en contra de "las derechas es una muestra más de lo poco que les importa realmente afrontar la corrupción en España". La formación de Yolanda Díaz ha defendido la creación de esta oficina porque ese una "obligación urgente" en línea con las demandas que ha hecho para España el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano del Consejo de Europa.
PP y Vox han indicado en el debate que están a favor de acabar con la corrupción, pero no así porque es un intento de Sumar de "blanquear" su imagen dentro del Gobierno de coalición con el PSOE tras el caso Koldo.
Junts, por su parte, ha expresado que la propuesta de Sumar "parece más bien una ocurrencia de última hora" y ha advertido del riesgo de que una oficina estatal anticorrupción acabe controlando la oficina antifraude catalana, ya en marcha. ERC, PNV y Bildu también han mostrado su preocupación por una posible "invasión competencial".
