Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que se le ha negado practicar diligencias clave en la causa por la que está acusado de presunto fraude fiscal. La Fiscalía pide para él tres años, nueve meses y un día de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, relacionados con un supuesto fraude de 350.951 euros cometido entre 2020 y 2021.
El recurso de la defensa
El recurso, presentado por sus abogados ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, busca que se admitan tres diligencias de instrucción que, según la defensa, son esenciales para garantizar su derecho a la defensa. En concreto, solicitan un informe tributario y la declaración de dos testigos que podrían acreditar la veracidad de unas facturas vinculadas a servicios profesionales en México y Costa de Marfil.
La defensa sostiene que, si los testigos confirman que dichos trabajos existieron realmente, no cabría considerar las facturas como falsas ni, en consecuencia, apreciar la existencia de un delito fiscal. Incluso en el caso de que se aceptara que fueran falsas, añaden, los ajustes que debería haber realizado la Agencia Tributaria en la liquidación impedirían que se configurase un delito.
El origen del procedimiento
El procedimiento judicial tiene su origen en una inspección de Hacienda en 2022 que derivó en un informe de la Agencia Tributaria en 2023. En él se detectaron irregularidades en el Impuesto sobre Sociedades de González Amador correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021. Ese documento dio pie a la denuncia de la Fiscalía y a la apertura de causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal y un entramado de facturas falsas.
En su recurso, la defensa del novio de Ayuso critica que la jueza haya denegado estas tres diligencias, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de los derechos fundamentales de González Amador. Considera "necesario" incorporar al sumario las declaraciones de los testigos, ya que, según sostienen, Hacienda nunca llegó a conocer ni valorar la existencia de los servicios que acreditan esas facturas.
