El Consejo General del Notariado ha advertido que algunas personas utilizan documentos privados, firmados sin pasar por notario, para comprar partes de empresas de forma oculta. ¿El objetivo? Evitar pagar impuestos, esconder dinero o que no se sepa quién es el verdadero propietario. Para eso, a menudo usan a un testaferro: alguien que aparece como dueño, aunque en realidad no lo sea.
Podría ser el caso del contrato que la Guardia Civil encontró en la empresa Servinabar. Según ese documento, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, habría comprado en 2016 el 45% de esa empresa, que ahora está siendo investigada por adjudicaciones sospechosas. Pero ese documento es un contrato privado, no una escritura pública, y eso tiene implicaciones importantes.
Aunque los contratos privados son legales entre las partes que los firman, no sirven para demostrar legalmente que alguien es dueño de una empresa ante terceros, como Hacienda, la justicia o el público en general. La ley exige que este tipo de operaciones se hagan ante notario, mediante una escritura pública. Solo así queda todo bien documentado y se puede saber con claridad quién tiene el control real de una empresa.
El notario Ignacio Gomá, experto en lucha contra el blanqueo de capitales, explica a EFE que este tipo de contratos pueden ser usados para ocultar propiedades, desviar dinero o engañar al sistema. Además, son fácilmente manipulables: se puede discutir si son verdaderos, si están firmados correctamente, o incluso si se llegaron a cumplir.
Cuando se hace una operación con escritura pública, queda registrada en bases de datos a las que pueden acceder la Guardia Civil, la Policía o los organismos contra el blanqueo de dinero. No hacerlo así es una manera de esconder cosas a Hacienda y a la sociedad, advierten los notarios.
En este caso concreto, se encontró un documento privado que supuestamente demuestra que Santos Cerdán compró el 45% de una empresa beneficiaria de contratos públicos. Pero como no hay escritura pública, legalmente ese contrato no demuestra que él sea dueño de nada. Por eso su defensa dice que ese papel no tiene valor legal, que nunca se oficializó, y que no tuvo ningún efecto real.
