El Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, adjudicó en 2024 un contrato por valor de 76 millones de euros a la empresa Servinabar 2000 SL gracias a un informe que solicitó de manera irregular al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, y que se unió a un expediente de adjudicación fuera de plazo según ha informado el diario 'El Mundo'. Esta es la empresa de la que el exsecretario de Organización Santos Cerdán posee el 45% del accionariado.
La compañía no acreditó la solvencia técnica necesaria para llevar a cabo la obra y el presidente de la mesa, en vez de solicitar más información, lo arregló por sí mismo. En última instancia, apareció de manera sospechosa un informe procedente de la cartera que dirige Óscar Puente que reparó la deficiencia, aunque dos meses después de que se cerrase la propuesta de adjudicación.
El interventor ha detallado que el informe del Ministerio fue solicitado por la propia dirección general de Obras Públicas, aunque el Gobierno mantiene que el presidente del órgano urgió a Acciona, que concurría junto a Servinabar, a pedirlo. Más allá de quién y cómo lo demandase, lo cierto es que se presentó dos meses después de que acabase el plazo.
Por tanto, el contrato de la edificación de los túneles de Belate se une a otros cinco que investiga la Unidad Central Opertiva (UCO) de la Guardia Civil por el presunto trato de favor que el Gobierno de Chivite le ha dado a la UTE formada por Acciona y Servinabar y que le ha granjeado contratos públicos por valor de 100 millones de euros.
Al margen de la empresa y el Gobierno navarro, otra de las instituciones que rastrea la Guardia Civil es el Ministerio de Transportes, de hecho, el pasado viernes, agentes de la UCO se presentaron en la sede de la Dirección General de Carreteras para recopilar los datos solicitados por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
Tal y como informa 'El Mundo', la decisión de la adjudicación constituyó un claro trato de favor para distintos miembros de la mesa de contratación. Decisión que levantó sospechas en el parlamento, pero que fueron acalladas por la mayoría que atesora Chivite. No obstante, fuentes con las que han podido contactar el medio aseguran que "prácticamente todo lo que se pudo torcer ser torció" para beneficiar a la empresa de Cerdán.
También han expresado que el presidente aguardó al voto de todos los miembros de la mesa para emitir su veredicto, desnivelando así la votación. La decisión se le recriminó, pero no permitió que un suplente le sustituyese y las calificaciones no fueron valorativas, sino "apenas descriptivas". "Todos sabíamos que era una empresa ñapa, que estaba ahí, no se sabía muy bien por qué, y hasta cinco miembros de la mesa habíamos escuchado, antes del inicio de las deliberaciones y por distintos cauces, que ese contrato se lo tenía que llevar necesariamente esa UTE", han añadido.
Las irregularidades en el proceso despertaron el temor de varios miembros de la mesa, quienes mantuvieron un tenso intercambio de correos con el presidente, Jesús Polo. Sus firmas tenían que constatar que la empresa había realizado alguna obra similar a la de los túneles de Belate -por valor de 62 millones inicialmente- en los últimos cinco años. Pero lo cierto es que su único trabajo, el del túnel de Monrepós (Huesca), solo llegaba a los 1,5 millones.
Dada esta situación, Polo, empezó a realizar interpretaciones de lo aportado por la UTE "a cual más extraña". El tira y afloja de los emails llegó incluso a la falta de respeto, pero acabó llegando el informe de Transportes que cifraba los trabajos de Acciona en Huesca en 77 millones de euros. Sin embargo, la adjudicación tenía la fecha límite del 23 de octubre y el documento llegó el 20 de diciembre de 2023, dos meses tarde.
La Cámara de los Comptos tapó el desfase e indicó que "todos los intervinientes deben disponer de la misma información que garantice la imparcialidad de sus puntuaciones". Demostrando que no se había respetado la imparcialidad. Cabe destacar que el actual secretario de la Cámara de Comptos fue secretario de pasadas mesas de adjudicaciones a Servinabar, por ejemplo en la obra de Archivo General, donde la firma se llevó contratos sin siquiera cumplir con el objeto social para poder concurrir
Para colmo y a modo de represalia, el secretario de la mesa disidente fue desterrado a realizar su trabajo en una nave suburbial, lo denunció y ha sido reintegrado en su ubicación anterior.
