La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado gravedad a los problemas técnicos detectados en el funcionamiento de las pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores, tras el cambio de empresa adjudicataria de este servicio. La dirigente ha explicado que "esto ocurre algunas veces cuando se cambia de proveedor", defendiendo que la incidencia ya fue corregida y que actualmente el sistema funciona "perfectamente".
En declaraciones a los medios durante una visita a Córdoba, Montero ha considerado que la reacción del Partido Popular a estos fallos responde a una estrategia de "hipocresía" y "magnificación de cuestiones técnicas", al tiempo que ha acusado a la oposición de "rasgarse las vestiduras" cuando, según ha señalado, "votan en contra de las leyes que protegen los derechos de las mujeres".
Una incidencia técnica ya resuelta
Montero ha explicado que el problema con la transmisión de datos de las pulseras se originó en enero de 2024, a raíz de un retraso en la remisión de información entre compañías tras el relevo en la adjudicación del servicio. Según ha precisado, se trató de un error técnico puntual detectado en un informe, pero ya superado gracias a la intervención del Ministerio de Igualdad, que "corrigió todo aquello que no funcionaba".
La vicepresidenta ha defendido la decisión de no depender de un único proveedor en estos sistemas, al señalar que "nunca es bueno para los ciudadanos" generar esa dependencia tecnológica. En este sentido, insistió en que los dispositivos están en condiciones óptimas de funcionamiento en la actualidad.
Críticas al Partido Popular
Montero ha cargado contra la posición del PP, al que ha acusado de mantener un discurso contradictorio en materia de igualdad. "Se rasgan las vestiduras con las pulseras, pero son los que votan en contra de todas las medidas contra la violencia de género", reprochó, asegurando que la derecha "vende los derechos de las mujeres en los gobiernos en los que pacta con la ultraderecha".
En esa línea, la ministra señaló iniciativas de gobiernos autonómicos apoyados por el PP y Vox como la retirada de subvenciones a colectivos que atienden a mujeres maltratadas o el cierre de puntos de atención, lo que, a su juicio, "supone un retroceso en la lucha contra la violencia de género".
