Seguimos conociendo partes del informe de la UCO sobre la compra de material sanitario en pandemia por parte del Gobierno de Canarias y las últimas informaciones apuntan a que José Luis Ábalos recibió a través de Koldo García la autorización del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a la empresa vinculada a Víctor de Aldama para suministrar las mascarillas y los test investigados.
Según los mensajes de WhatsApp que se pueden leer en el informe César Moreno, uno de los empresarios vinculados a la trama, envió a través de un grupo los documentos que había pedido Koldo García y que acreditaban que la empresa de material sanitario Megalab era "uno de los proveedores aprobados por el Gobierno de España" para la venta de test.
"El pollo está en el horno", escribió entonces Moreno en dicho grupo de WhatsApp en el que también estaban IgnacioDíaz Tapia y Javier Serrano, socios de Aldama. El informe revela, además, que Díaz Tapia estuvo en contacto constante con altos cargos del gobierno canario para gestionar los contratos de test de Covid, como el entonces presidente Ángel Víctor Torres o el que fuera responsable del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.
"Primer concurso a dedo que nos hacen. Me he presentado. 18.500 euros nos van a adjudicar", escribió en un mensaje en ese mismo grupo Javier Serrano en mayo de 2020, refiriéndose a un documento enviado con las bases para acceder al contrato de Ineco para encargarse de 240 pruebas de coronavirus.
Desde entonces, los tres socios, junto a Aldama (que es quien trata directamente con Koldo), comenzaron a preparar los negocios con los gobiernos de Canarias y Balears para hacer test de Covid en los aeropuertos, tal y como se refleja en los mensajes que recoge la UCO.
Otra de las cosas que revela el informe de la UCO es que la propuesta al gobierno canario para contratar a la empresa Soluciones de Gestión había llegado directamente desde el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos.
A pesar de esta propuesta, los responsables de dicha contratación en el seno de la Administración canaria expresaron sus "dudas" sobre la "conveniencia" de ese contrato, ya que se trataba de un precio "fuera de mercado" y que "había reserva suficiente" para unas meses "con las compras efectuadas hasta el momento".
