Si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido por los pactos, de hecho, su Ejecutivo ha sido el primero en estar formado por dos partidos que además han cambiado de una legislatura a otra: primero fue Podemos y después Sumar. Aunque, no son los únicos socios con los que cuenta el PSOE para poder formar el denominado como Gobierno progresista. También necesita de los independentistas, en especial de los catalanes, a quienes no ha dudado de colmar de competencias o exenciones, la última en el reparto de menores.
Como si se tratase de un binomio policial, Cataluña está representada en el Congreso por un 'poli bueno' -ERC- y uno 'malo' -Junts- que no duda en amenazar desde los escaños de las alturas del Congreso de los Diputados y que con sus siete votos ha logrado arrancarle al Gobierno acuerdos en materia de financiación, transportes, legales, fiscales o migratorios.
De hecho, tras la aprobación del último decreto del Gobierno, todas las comunidades autónomas estarán obligadas a acoger a los menores migrantes no acompañados que se les asigne con base en los criterios definidos. Todas menos Cataluña y País Vasco que estarán exentas por haber hecho esfuerzos previos.
Malversación, sedición e indultos
Pedro Sánchez llegó al poder en enero de 2018 después de que fructificase la moción de censura que los 84 diputados del PSOE presentaron de manera conjunta en el Congreso. Lo hacía en un ambiente enturbiado por la corrupción que arrastraba el Gobierno de Rajoy y con un clima de tensión en Cataluña irrespirable, no en vano, tan solo un año antes se había desarrollado el procés catalán que había concluido con la fuga del entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la entrada en prisión de Jordi Sánchez, Jordi Cuixat, Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turrull y Joaquim Forn.
Ante tal panorama y siendo consciente de que no tenía mayoría absoluta, por tanto, necesitaba de todos los votos que fuesen posibles, comenzó a reinterpretar la el Código Penal a su gusto. Primero se redujo el delito de malversación, estableciendo una diferencia entre malversación con lucro personal y la destinada a otras multas, lo que redujo notablemente las penas. Posteriormente, eliminó el delito de sedición y lo cambió por el de "desórdenes públicos agravados", nuevamente con condenas mucho más bajas.
Estas medidas hicieron que las condenas de los políticos catalanes -entre 9 y 13 años de prisión- se redujesen drásticamente y en 2021 llegó la guinda con la aprobación de los indultos para "favorecer la convivencia y el reencuentro en Cataluña". Esta medida permitió a los presos salir de la cárcel, aunque tuvieron que permanecer inhabilitados políticamente durante unos años.
Reuniones en Waterloo, ley de amnistía y condonación de la deuda
Por si no era suficiente, el avance del mandato estuvo marcado por los constantes viajes del ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a Waterloo para agasajar al fugado Carles Puigdemont con tal de que sus siete diputados votasen a favor de los designios del Gobierno de coalición o "Frankenstein", como lo llamaba la oposición.
Una constante en dichos viajes era la petición de Puigdemont de la aplicación de la ley de amnistía, la cual despenalizaría el procés dejando en nada las votaciones ilegales, el desorden público, la desobediencia civil o la propia declaración de independencia. Sus deseos se verían hechos realidad en 2024, cuando se aprobaría dicha normativa, sin embargo, no podría serle aplicada a él porque el juez Llarena ve un delito de malversación por enriquecimiento propio, no obstante, el resto de enjuiciados, políticos o civiles, quedaron libres. De hecho, en junio de 2025 el Tribunal Constitucional avaló esta ley, dándola por buena.
Otro de los deseos concedidos a Cataluña ha sido el de la condonación de parte de su deuda. Concretamente, el Gobierno ha modificado la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas para cumplir con uno de los acuerdos con ERC, que permitieron la investidura de Sánchez. Cataluña acumula más de 70.000 millones de euros de deuda pública, sobre todo con el Fondo de Líquida Autonómica (FLA), y mediante este cambio en la normativa, el Ejecutivo les perdona el pago de 15.000 millones, casi el 20%. Es cierto que otras comunidades pueden acogerse, pero el motor de la reforma fue la necesidad de cumplir con los republicanos.
Lenguas cooficiales, cesión de Rodalies y gestión íntegra del IRPF
De nuevo, otro acuerdo para la investidura de Sánchez llevó a un cambio histórico en reglamento del Congreso. En 2023, Sánchez, necesitado de los apoyos de Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG, decidió atender convenientemente una reclamación histórica de los partidos nacionalistas y permitió el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. En primera instancia se utilizó en la Mesa de la Cámara Baja, pero su uso se extendió poco después al todo el pleno. Pese a tener una lengua vehicular y común a todos, el castellano, el Gobierno ha decidido emplear cuatro millones de euros al año en esta reclamación de las comunidades que tienen una segunda lengua.
No obstante, la condonación de la deuda no ha sido el único anhelo económico independentista catalán que ha atendido Pedro Sánchez. Hace poco más de un mes se pudo conocer que el Gobierno cedería las competencias de la gestión del IRPF a Cataluña, de manera íntegra, a partir de 2028. De esta forma, ambas partes tendrían que pactar qué tanto por ciento entrega la Generalitat a la caja común. Así pues, el Gobierno da un paso más hacia la constitución de un concierto económico catalán, al estilo vasco.
Y sí, podría parecer que no podía haber más acuerdos con Cataluña para la investidura, pero no. Todavía quedaba el traspaso integral de las competencias de Rodalies, que terminará de culminarse durante este año. Por el mismo, la Generalitat se hará cargo de todo lo referido al transporte ferroviario: tarifas, horarios, obras e infraestructuras. De esta manera, Sánchez satisface otro de los anhelos históricos del independentismo catalán.
Con todo, y, pese a que casi todos los Gobiernos desde la vuelta de la democracia han pactado con los partidos nacionalistas catalanes, el de Sánchez es sin duda el que más competencias ha cedido y, dados los precedentes, seguro que aún queda algo más en la recámara. De hecho, el PSOE amenaza con pedir el aplazamiento del pleno del Congreso del día 11 de septiembre para que los parlamentarios que celebran la Diada puedan hacerlo en Cataluña. Casualmente, ese día también declara en el Tribunal Supremo la mujer del presidente, Begoña Gómez.
