NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA

La legislatura, en manos de Puigdemont: todas las concesiones del Gobierno a Junts

La última negociación 'in extremis' del Gobierno con los de Puigdemont terminó con el decreto ómnibus troceado y con la puerta abierta a debatir la cuestión de confianza.

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ondacero.es

Madrid |

Carles Puigdemont, Jordi Turull, y Miriam Nogueras.
Carles Puigdemont, Jordi Turull, y Miriam Nogueras. | EP

"Ha habido cesiones mutuas como en cualquier acuerdo". Así justificaba la cúpula del Gobierno las últimas concesiones a Junts después de que los independentistas dejaran caer en el Congreso el primer decreto ómnibus. Finalmente, y tras una negociación 'in extremis', el Ejecutivo volvió a ceder ante los de Puigdemont para salvar parte de las medidas sociales del decreto que la mayoría del Congreso rechazó con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

No es la primera vez que Sánchez accede -bajo amenaza- a las demandas del independentismo catalán. A lo largo de la actual legislatura, Junts ha votado en contra de todos los decretos 'anticrisis' aprobados por el Ejecutivo, sometiendo al Gobierno a un perpetuo chantaje para poder mantener la mayoría parlamentaria.

Todas las cesiones del Gobierno a los independentistas

Transferencia de competencias en inmigración

Una de las concesiones más destacadas que el Gobierno ha hecho a Junts a cambio de su abstención en la votación de los decretos ha sido la transferencia de competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Traspaso que se realizará a través de una ley orgánica específica, utilizando el artículo 150.2 de la Constitución española, que permite la delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas.

Aunque Gobierno central mantiene el control fronterizo y la política migratoria en su conjunto, la medida pactada con Junts permitirá a la Generalitat gestionar aspectos como la concesión de permisos de residencia y otras cuestiones administrativas relacionadas con la inmigración.

Debatir la cuestión de confianza

Para salvar las medidas sociales que incluía el decreto ómnibus, el Gobierno -además de aceptar "trocear" la ley- tuvo que ceder a otra de las líneas rojas de Junts: que se debata la proposición no de ley (PNL) para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

El texto de la PNL registrada finalmente incluye ciertos matices jurídicos con respecto al original: acepta que el desenlace de la propuesta quede en manos de Sánchez y que la iniciativa carezca de vinculación jurídica. El presidente del Gobierno ya ha adelantado que no prevé ese escenario.

Creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos

En el ámbito económico y social, el Gobierno ha pactado con Junts la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos que facilite el acceso a la vivienda y mejore la seguridad jurídica en los contratos de alquiler. Esta medida busca incentivar la estabilidad en el mercado inmobiliario, especialmente en Cataluña, donde la crisis de vivienda es uno de los principales problemas sociales.

Publicación de las balanzas fiscales

Otra de las demandas atendidas por el Ejecutivo ha sido la publicación inmediata de los datos que permitirán a la Generalitat calcular las balanzas fiscales. Este compromiso permite a la administración catalana disponer de información actualizada sobre la relación fiscal entre Cataluña y el Estado, una reivindicación histórica del independentismo para defender su postura sobre la financiación autonómica.

IVA del aceite al 0%

En el terreno fiscal y en el contexto de la inflación, el Gobierno ha acordado la rebaja del IVA del aceite al 0%, como medida para intentar paliar el encarecimiento de productos básicos.

Retorno de las empresas que se fueron de Cataluña por el procés

Otro punto clave en las negociaciones con Junts ha sido el compromiso del Gobierno de trabajar para que las empresas que se fueron de Cataluña debido al proceso independentista vuelvan al territorio catalán. Para ello, se prevé una reforma de la ley de sociedades que facilite la reversión de la deslocalización empresarial, una demanda recurrente de las empresas catalanas.

Eliminar las trabas legales a la aplicación de la amnistía

Por último, el Ejecutivo ha accedido a la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que según Junts podía obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Esta modificación facilita la implementación de la amnistía a líderes independentistas, una de las principales exigencias de Junts en su negociación con el Gobierno de Sánchez.