El acuerdo ha sido remitido a los máximos responsables del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña, así como a los presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, al secretario general de la ONU, o al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.
Firmado por el presidente de la JEC, Carlos Granados, el texto deja claro que el 1 de octubre "no ha tenido lugar en Cataluña ningún proceso que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico".
Y explica que ello se debe a que el "sujeto que lo convocó" es "incompetente", a que su "forma" vulneró resoluciones firmes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a que su objeto fue "inconstitucional".
Además, la Junta Electoral Central añade como argumento "la notoria ausencia de toda garantía de objetividad y transparencia en su desarrollo, escrutinio y control".
Por todo ello, concluye que "carecen de valor" los resultados que se han presentado sobre la consulta del 1-0, en la que según la Generalitat se depositaron 2.262.424 papeletas, en las que el 'sí' a la independencia de Cataluña alcanzó el 90 % de los votos frente a un 7,8 % de votos en contra.
La JEC recuerda en su escrito que es el órgano central que encabeza la Administración electoral, competente "para declarar y publicar los resultados de todos los referendos celebrados en España" y que también lo es para las elecciones al Parlament de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el Estatut.