Julio Iglesias no quiere permanecer excluido, ajeno al contenido de las diligencias previas abiertas por la Fiscalía a raíz de una denuncia presentada por la asociación Women´s Link Worldwide. En un escrito que firma su abogado Antonio Choclán, el cantante solicita personarse para conocer el contenido de la acusación, que califica de "falsedad", y pide el archivo por falta de competencia de la justicia española ya que ni las víctimas son españolas ni el cantante reside en este país.
El letrado reclama acceso total al contenido de la denuncia que formulan dos ex empleadas por supuestos delitos de trata de personas y varios de agresión sexual. Apela al derecho de defensa y a la necesidad de acreditar "la falsedad de las imputaciones y defender el honor de su representado".
También anuncia que emprenderá actuaciones frente "al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso".
Repercusión mundial
Además, solicita que la Fiscalía declare sin más trámite la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados. Sostiene que es imprescindible el archivo de las diligencias para poder “detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional”.
En el escrito, al que ha tenido acceso Onda Cero, Choclán advierte de que ese daño a la reputación de Julio Iglesias es indudable y que el propio medio ElDiario.es destacaba la enorme repercusión de “esta investigación” en multitud de medios de España y de todo el mundo, entre los que cita a The Guardian, Le Monde, The New York Time o Der Spiegel.
También cita el Podcast "La casa de Julio Iglesias, escucha la serie completa", que según sus propias mediciones han contabilizado más de 4.400 noticias vistas “en todo el mundo en apenas tres días”.
Ausencia de los requisitos para investigarse en España
Sobre la falta de competencia de la justicia española y, en concreto, de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán argumenta que no concurre ninguno de los criterios establecidos. Al margen de la condición de nacional español del denunciado, Julio Iglesias "no se encuentra en territorio español, sino que tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos; las supuestas víctimas no tienen la nacionalidad española ni residen habitualmente en España; y tampoco son menores de edad".
En consecuencia, sostiene que el Estado español carece de Jurisdicción para la investigación de los hechos denunciados, e insta a constatar esta ausencia de requisitos y a clausurar las diligencias preprocesales.
“Resulta evidente que si hubiera sido voluntad del legislador que la jurisdicción española puede conocer de cualquier clase de delito que se atribuya a un ciudadano español, cualquiera que fuera la naturaleza del delito atribuido, el lugar de comisión, en España o fuera del territorio nacional, cualquiera que fuera la nacionalidad o residencia habitual de la víctima, y cualquiera que fuera la residencia habitual del ciudadano español, la mención que se contiene a que el procedimiento se dirija contra un español en los apartados 3 y 4 del art. 23 LOPJ, y los condicionamientos añadidos específicos (la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español) sería sobrante y carente de contenido”, indica el escrito.
Para el penalista, sería absurdo una regulación específica si todo procedimiento contra un ciudadano español estuviera bajo competencia de la justicia nacional.
Excesos de la Justicia Universal
De esta forma, "no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente", asevera.
El escrito recuerda excesos cometidos en España en la "auto atribución de una Justicia Universal expansiva" que fueron corregidas en el pasado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y, posteriormente, una reforma legal.
Apela a las reglas de derecho internacional y de atribución de los distintos sistemas penales, que imponen que la denuncia deba interponerse en el lugar de comisión de los hechos denunciados, de acuerdo con el preferente principio de territorialidad de la ley penal.
Por otra parte, el letrado denuncia indefensión por la falta de veracidad en la difusión de entrevistas, "ocultando la identidad de las denunciantes, manipulando sus voces utilizando actrices que realizaron una interpretación narrativa emocional y dramática, haciéndoles pasar por las víctimas ante la opinión pública".
