La investigación judicial sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, suma un nuevo capítulo tras la decisión de la juez instructora de requerir un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La solicitud, realizada a instancias de la Fiscalía, responde tanto a la dificultad técnica de los hechos como a la dimensión interprovincial de la presunta trama, centrada en la posible percepción de una comisión encubierta por parte del empresario en relación con un contrato adjudicado por Quirón Prevención.
Un informe clave por la complejidad y el alcance interprovincial de la trama
La titular del Juzgado de Instrucción que dirige la investigación sobre Alberto González Amador ha solicitado a la UCO la elaboración de un informe específico. Esta decisión, adoptada a petición de la Fiscalía, responde a la complejidad de los hechos y al carácter interprovincial de la trama bajo sospecha.
La investigación busca esclarecer si González Amador cobró una comisión encubierta vinculada a un contrato con la empresa Quirón Prevención. El caso gira en torno a la compra, en 2020, de la compañía cosmética Círculo de Belleza SL por parte de Maxwell Cremona SL, sociedad administrada por González Amador.
El pago, cercano al medio millón de euros y realizado a Gloria Carrasco —esposa del presidente de Quirón Prevención—, ha sido señalado por la Fiscalía como una posible "comisión encubierta" derivada de contratos adjudicados por la filial sanitaria.
Alegaciones de las partes y papel de la Agencia Tributaria
Tanto Carrasco como el propio investigado han defendido la legalidad de la operación, negando cualquier irregularidad. Sin embargo, la Agencia Tributaria certificó que la empresa vendida carecía de actividad y patrimonio en el momento de la transacción, lo que ha incrementado las sospechas sobre el posible carácter ficticio de la operación.
La UCO analizará el entramado económico y territorial
La juez Inmaculada Iglesias ha justificado la intervención de la UCO por la dificultad técnica de la investigación y el alcance geográfico de las operaciones, que afectan a varias provincias. El objetivo es determinar si existió un pago irregular y si los ingresos obtenidos por González Amador a través de su sociedad fueron correctamente declarados.
El caso, que ha adquirido notable relevancia mediática y política, investiga posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios privados, además de una pieza separada por presunto fraude fiscal superior a 300.000 euros, por la que la magistrada ya ha propuesto enviar al banquillo al empresario.
La instrucción sigue abierta y la UCO deberá aportar ahora un informe detallado que ayude a esclarecer el origen y la naturaleza de los fondos investigados, así como el posible entramado interprovincial de la presunta comisión.
