Goioaga quedó en libertad sin medidas cautelares tras responder durante más una hora a las preguntas del magistrado, ante quien declaró el pasado mes de diciembre en relación con delitos económicos vinculados con su presunta pertenencia al denominado "frente de cárceles" de ETA a través del Colectivo de Abogados-BL.
Colmenero pide el suplicatorio sólo por pertenencia o colaboración, no por los delitos contra la Hacienda pública, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales, incluidos en la investigación que se abrió tras la exposición razonada enviada al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
El senador, que al estar designado por el Parlamento Vasco goza de aforamiento hasta las próximas elecciones autonómicas vascas, fue imputado ante el Supremo a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el denominado frente de cárceles de ETA en el que actualmente están imputadas 45 personas.
Goioaga declaró voluntariamente como imputado ante el alto tribunal, al que aportó documentación que según su defensa descartaban los delitos económicos, en una comparecencia cuyo objeto era lograr que se descartara abrir una causa contra él, es decir, evitar que se pidiera el suplicatorio para inculparle.
Pero el instructor del caso considera en la exposición razonada que eleva a la Sala de lo Penal que existen indicios para avanzar en su inculpación, para lo cual es necesario pedir el suplicatorio al Senado, cosa que estudiará ahora el alto tribunal y, muy posiblemente, acepte.
En el escrito dirigido al Supremo Velasco aseguraba que Goioaga "forma parte y, además, con especial relevancia" del frente de cárceles de ETA, dentro del cual destaca una estructura organizada formada por abogados que, aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejerce "sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".
Velasco destacaba que el senador, como parte de ese grupo, realizaba "rondas" o visitas planificadas a los presos de ETA, tal y como se desprende de documentos incautados durante la operación contra los abogados.
En esas "rondas", relata el juez, los abogados trasladarían a los presos determinados aspectos de su línea de actuación y qué "líneas rojas" no podían sobrepasar en relación a su situación penitenciaria, es decir, no colaborar con la justicia ni pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.
Según la investigación, el senador también asistió a cuatro reuniones del colectivo de abogados BL celebradas en el despacho de una de las letradas más relevantes del grupo, Arantza Zulueta, tras ser puesta en libertad en septiembre de 2011.
Asimismo, el juez relata que en un registro al despacho de abogados de Goioaga en Bilbao se incautaron documentos relacionados con el frente de cárceles, por lo que el juez afirma que, tal y como entiende la Fiscalía, está "suficientemente acreditado" que el senador sabía que sus aportaciones al colectivo de abogados BL "contribuyen a las actividades terroristas".
