El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros.
Hurtado ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha depositado un aval de 150.000 euros para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, puesto que no disponía de tal cantidad de dinero en metálico y pese a que, según han informado fuentes jurídicas a Onda Cero, ha habido ofrecimiento de terceras personas para correr con los gastos.
Precisamente, Gonzalez Amador recurría al Supremo para solicitar que aumentara dicha fianza a 300.000 euros, al considerar que los daños morales sufridos como consecuencia del "relato político" no han cesado ni un día.
El fiscal general, a juicio
El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.
El juicio se celebrará hacia noviembre, con una duración aproximada de una semana y la posible sentencia hacia final de año. El tribunal lo conformarán siete magistrados de mayoría conservadora encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.
