El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados el próximo lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos antiguos altos cargos del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Ambos están considerados como los principales responsables de la elaboración de los protocolos que, en los primeros compases de la pandemia, restringieron el traslado de personas mayores desde residencias a hospitales.
Carlos Mur era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de un protocolo que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo y Francisco Javier Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado. La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Ayuso afirma que es "un cambio de criterio" de Fiscalía
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la decisión del juzgado responde a “un cambio de criterio” de la Fiscalía. En declaraciones a los medios en Pozuelo de Alarcón, Díaz Ayuso se ha limitado a decir que este asunto “estaba archivado desde hace tres años y ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido abrirlo”.
Los denunciantes celebran la imputación
'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' celebran que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos.
Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad. En todo caso, ambas entidades se muestran convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo, que "cumplían órdenes".
Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, pero se les pide que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron "un impacto brutal en la vida de muchos residentes".
El recorrido de la denuncia colectiva
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
En la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al anterior. El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.
