El juez encargado del caso que acusa al fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, ha preguntado tanto a la parte denunciante como a la defensa sobre si debería destituir al fiscal, cuando lo más probable es que vaya a ser juzgado oralmente.
El magistrado del Tribunal Supremo da traslado a las partes de la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de prisión para el fiscal general, después de que la Sala de Apelaciones haya confirmado el procesamiento de García Ortiz por el caso del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El proceso paralizado hasta conocer la opinión de los magistrados
El juez instructor ha decidido paralizar este procedimiento hasta no saber a ciencia cierta la opinión de sus compañeros de Sala sobre si se debería de cesar al fiscal general o no. Anteriormente, ya se anuló la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial en Madrid, ya que no se encontraron pruebas de que hubiese participado en la filtración de información. La decisión tuvo un voto particular de un magistrado que apostaba por archivar el caso contra ambos.
Una propuesta que ya se presentó en noviembre
Hurtado ha reactivado los plazos procesales y su primera actuación ha sido atender una solicitud presentada por la Asociación de Fiscales Independientes (APIF), que ejerce la acusación popular en el caso. En concreto, debe decidir si suspende cautelarmente a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado en caso de que se abra juicio oral contra él, algo que previsiblemente ocurrirá tras confirmarse su procesamiento. Las partes, tanto las defensas como las acusaciones, disponen ahora de tres días para pronunciarse al respecto.
El juez ya había rechazado una petición similar tras la apertura del procedimiento. En noviembre pasado, desestimó una solicitud en ese mismo sentido presentada por Manos Limpias y la propia APIF. En aquella ocasión, Hurtado no dio traslado a las partes antes de dictar el auto denegatorio. Cuando quiso responder, la Abogacía del Estado -entonces defensora de García Ortiz y de Rodríguez- ya había presentado un escrito de oposición por iniciativa propia. Las otras dos acusaciones en aquel momento, la defensa de González Amador y el foro Fundación Libertad & Alternativas, no emitieron ningún pronunciamiento.
En esa resolución, Hurtado explicó a las acusaciones que la normativa vigente no le autorizaba a suspender a un miembro de la carrera fiscal. El argumento de los denunciantes era que García Ortiz no podía seguir siendo el superior jerárquico de la fiscal encargada del caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, por una cuestión de incompatibilidad. El juez respondió entonces que el propio fiscal general había dejado constancia por escrito de que no intervendría en la tramitación de la causa.
