La Policía Local de Gijón ha cumplido el mandato judicial y ha averiguado el paradero de la ex miss Asturias de más de treinta años Claudia Montes, que el pasado 6 de mayo no se presentó a su citación ante el juez del caso Koldo Leopoldo Puente.
El magistrado del Tribunal Supremo mantiene en secreto esta parte de la causa, al contener datos personales, pero ha ordenado notificarle una nueva citación para el 21 de mayo, esta vez con la advertencia de que si no comparece se arriesga a una multa de entre 200 y 5.000 euros, tal y como recoge la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Claudia Montes, a quien la UCO y el juez sitúan en el círculo personal de José Luis Ábalos, está llamada como testigo para que aclare su supuesta contratación irregular en LOGIRAIL. Los investigadores destacan que, al igual que la ex novia del ex titular de Transportes Jessica Rodríguez, también fue enchufada en una empresa pública de la órbita del Ministerio.
Además, el juez Leopoldo Puente ha encontrado “pertinente” la petición de las acusaciones populares para interrogar al ex director de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. Este testigo también está citado el 21 de mayo para responder sobre su supuesta participación en reuniones con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel. Así mismo, el juez quiere que acredite la persona que pudo haber impulsado o promovido este encuentro.
Para las acusaciones, la compra de una casa en la provincia de Cádiz, que después fue arrendada a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la esta licencia para Villafuel, cuyo administrador de hecho sería Claudio Rivas.
El magistrado rechaza todas las demás diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones por no considerarlas pertinentes, útiles ni necesarias a la investigación.
De esta forma, no admite la citación como testigos del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, del expresidente de RENFE Isaías Taboada, de la esposa del investigado Koldo García, o del gerente y otros dos empleados de Longirail.
Rescate de Air Europa
El auto rechaza indagar sobre la legalidad del rescate millonario a Air Europa, como solicitan las acusaciones populares, a las que insta a “hacer valer” los indicios de cualquier actuación irregular, tanto en las ayudas a la aerolínea como en la concesión de una licencia de hidrocarburos a Villafuel “ante los órganos jurisdiccionales competentes".
“Y solo para el caso de que, en el curso de la investigación emprendida en los mismos, alguno de aquellos indicios pudiera apuntar sólidamente a la eventual responsabilidad de alguna persona aforada ante este Tribunal Supremo, a nosotros nos correspondería, desde ese momento, pero no ahora, la competencia para investigarlos”, subraya.
El instructor aclara que la investigación del Supremo se centra en la responsabilidad penal del aforado José Luis Ábalos por presunto tráfico de influencias pero no por la concesión del “rescate” a Air Europa ni por su legalidad, puesto que ni él ni Koldo García tenían competencias sobre el asunto. De este modo rechaza solicitar diversa información a la SEPI sobre el expediente de la aerolínea al no resultar “pertinente, útil ni necesaria” para los fines de la presente investigación.
En este sentido, tanto respecto a Air Europa como a Villafuel, el juez considera que el núcleo de la causa es el uso de influencias por parte de Ábalos y García, no las decisiones administrativas adoptadas por otros órganos con competencia real.
En relación a la licencia investigada en el “caso Hidrocarburos” por la que Ábalos pudo recibir el disfrute de la casa de “La Alcaidesa”, el magistrado subraya que “su función se habría limitado en este caso, y esto es lo que aquí se les atribuye, a ´abrir puertas`, a facilitar contactos, a agilizar trámites, con el propósito de favorecer los intereses que Aldama promovía”.
Sobre el rescate, hay indicios de que Ábalos y García habrían emprendido gestiones orientadas, -“a impulsos de Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa”-, a que la aerolínea pudiera obtener “con la mayor rapidez posible”, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad.
El auto cita la referencia que aparece en el último informe de la UCO respecto a la nota de prensa publicada por el Ministerio de Transportes, “alimentando la idea de que dichas ayudas iban a ser obtenidas por Air Europa”, a cambio de la cual Ábalos Meco habría podido obtener también un cierto beneficio económico (concretamente el pago de la renta de un alquiler en Marbella).
“En el caso de Air Europa, sin embargo, parece que la empresa (concretamente el Sr. Hidalgo) haber considerado en un determinado momento que el esfuerzo que estaban realizando los Sres. de Aldama, Ábalos y García, resultaba infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías”, indica el auto.
Al juez le parece “evidente” que la concesión de las ayudas públicas a la empresa solicitante no dependía ni correspondía a la competencia de José Luis Ábalos ni de su ex asesor Koldo García.
