Las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE en las que cuestionó la labor de algunos magistrados y defendió la inocencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, han provocado una reacción inmediata y contundente en el ámbito judicial. Asociaciones de jueces, salvo la progresista JJPD, que ha optado por un tono más comedido, han criticado al presidente del Gobierno por unas palabras que consideran impropias de un Estado de derecho.
Críticas generalizadas de la judicatura
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, se ha mostrado tajante. Su presidenta, María Jesús del Barco, ha asegurado en Onda Cero que la actitud del Ejecutivo no sorprende, pues desde hace tiempo se percibe una “campaña de desprestigio hacia los jueces”. Recuerda que ya en el acuerdo de investidura firmado en noviembre de 2023, en Waterloo, se introdujo el término lawfare, lo que suponía poner en cuestión la actuación judicial. “Por tanto, no es nada nuevo”.
También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han salido en defensa de la separación de poderes, insistiendo en que corresponde a los jueces y tribunales, y no al Gobierno, valorar y resolver las causas en marcha. La única asociación que evitó una confrontación frontal, JJPD, ha reprochado igualmente que un presidente del Gobierno no debería hacer este tipo de manifestaciones públicas contra la judicatura.
El trasfondo de las declaraciones
En la entrevista en TVE, Sánchez se refirió a los procesos que afectan a su entorno familiar y sostuvo que defenderá siempre la “honestidad e inocencia” de sus allegados. Afirmó que “hay jueces que no hacen bien su trabajo y no cumplen con la ley”, y acusó a algunos de “hacer política y causar un inmenso daño a la justicia”. Con la misma firmeza defendió al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien aseguró que “es inocente” pese a que se encuentra imputado y procesado, pendiente de que un juez dicte auto de apertura de juicio oral.
Las acusaciones populares en algunas de las causas mencionadas por Sánchez, Iustitia Europa y Manos Limpias, ya han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ampare públicamente a los jueces aludidos.
