Las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a una huelga de tres días en el mes de julio para protestar contra las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños, que afectan al acceso de las carreras judicial y fiscal y a la propia Fiscalía, para adaptarla al futuro modelo del proceso penal.
Son cinco asociaciones -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- las que han apoyado ir a la huelga los días 1, 2 y 3 de julio, así como convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
Este anuncio llega tras conocerse que en las consultas internas elaboradas por las asociaciones, el 80% de los participantes se mostraban a favor de esta idea. Además, el paro de diez minutos convocado el 11 de junio tuvo un seguimiento del 70%.
La independencia judicial está bajo amenaza
Ese día también se leyó un manifiesto en el que estas asociaciones advirtieron de que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
Además, alertaron de que estas reformas "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias liberales que, por eso, no lo son realmente".
Se está minando la confianza de los ciudadanos en la Justicia
Sobre las reformas que afectan a la Fiscalía consideran que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado y seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
Igualmente, han expresado que están sufriendo "un continuo ataque y descrédito" y que se está "minando la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".
