El Tribunal Supremo decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Santos Cerdán León, ex secretario de Organización del PSOE. Entre los muchos argumentos que esgrime el juez instructor Leopoldo Puente, uno llama especialmente la atención y es la escasa cuantía del dinero supuestamente cobrado por los implicados, en contraste con la magnitud de los contratos públicos adjudicados.
Un millón de euros en comisiones... ¿Demasiado poco?
En la parte final del auto, el magistrado reconoce que los Sres. Ábalos y Koldo García habrían recibido unos 550.000 euros en pagos indebidos, y que aún quedaban otros 450.000 comprometidos, de los cuales 70.000 euros podrían haber sido destinados a la compra de una “bajera”. Esto dejaría el beneficio ilícito total en torno al millón de euros.
Sin embargo, esa cifra representa apenas una fracción del valor global de los contratos adjudicados: 537.271.005 euros a través de obras públicas licitadas desde el Ministerio de Transportes y adjudicadas a Acciona Construcción en unión temporal con otras empresas. Según el juez, si se aplicara un criterio estimativo de comisión del 1% del total adjudicado, muy por debajo del porcentaje habitual en otras tramas similares, el “botín” debería superar los cinco millones de euros.
Por tanto, si solo se ha detectado un millón en pagos indebidos, ¿Quiénes más se beneficiaron y dónde está el resto del dinero? El magistrado considera que esto refuerza la tesis de que otros actores, aún no identificados, pudieron lucrarse con las adjudicaciones. Y es precisamente esta laguna lo que da peso al argumento para mantener a Cerdán en prisión. Según el auto, él sería la figura clave para desentrañar el mecanismo completo de cobro y reparto.
Cerdán, el recaudador
El auto describe al exdirigente socialista como el responsable de reclamar las comisiones a las empresas adjudicatarias y de repartir los fondos entre los miembros de la supuesta organización. Los otros investigados, como Ábalos o García, reclamaban los pagos directamente a él. Esto, unido a su acceso a información privilegiada y su presunto conocimiento del sistema de pagos, convierte a Cerdán, según el juez, en un actor central con capacidad de destruir pruebas o entorpecer la investigación.
