Las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a una huelga de tres días en el mes de julio para protestar contra las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. De seguir adelante con su idea de cesar durante varios días la actividad procesal, el impacto podría ralentizar considerablemente los litigios y derivar en un aumento de la carga judicial.
Estos son los motivos detrás de unas protestas que podrían amenazar a decenas de miles de causas en curso:
Cuáles son los motivos y fechas de la huelga
La razón detrás de estas acciones por parte de varias organizaciones de magistrados y abogados del Estado tiene su origen en las reformas que afectan al acceso de las carreras judicial y fiscal y a la propia Fiscalía, para adaptarla al futuro modelo del proceso penal.
Las asociaciones alertaron de que estas reformas "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias liberales que, por eso, no lo son realmente".
Sobre las reformas que afectan a la Fiscalía consideran que "se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado y seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo".
Son cinco asociaciones -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- las que han apoyado ir a la huelga los días 1, 2 y 3 de julio, así como convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.
Este anuncio llega tras conocerse que en las consultas internas elaboradas por las asociaciones, el 80% de los participantes se mostraban a favor de esta idea. Además, el paro de diez minutos convocado el 11 de junio tuvo un seguimiento del 70%.
Cómo podría afectar a la justicia estas protestas
Si se confirma el parón de tres días anunciado, las consecuencias para la actividad judicial serían notables y afectarían a diversos niveles del sistema judicial.
- 1. Suspensión Masiva de Juicios y Vistas
Durante los días de huelga, se suspenderían la mayoría de los juicios, vistas y diligencias programadas, lo que generaría un efecto dominó en el calendario judicial y retrasaría la resolución de causas pendientes.
La experiencia de paros anteriores muestra que incluso huelgas de menor duración han provocado la suspensión de cientos de miles de juicios y vistas, acumulando retrasos que pueden extenderse durante meses o incluso años.
- 2. Aumento de la Carga de Trabajo y Retrasos
La paralización de la actividad judicial incrementaría la sobrecarga ya existente en los juzgados, especialmente en las grandes ciudades, donde la acumulación de asuntos es mayor.
Tras la reanudación de la actividad, los jueces y fiscales tendrían que gestionar una acumulación significativa de expedientes y sentencias pendientes, lo que podría agravar los retrasos estructurales del sistema judicial español.
- 3. Impacto en los Ciudadanos y Profesionales
Los ciudadanos verían retrasados sus procesos judiciales, lo que puede afectar a cuestiones tan sensibles como despidos, custodias, reclamaciones económicas o procedimientos penales.
Los abogados y procuradores, especialmente los de pequeños despachos, sufrirían un impacto económico directo, ya que sus ingresos dependen del avance de las causas y del dictado de sentencias. En ocasiones, estos profesionales se ven obligados a tomar medidas drásticas como ERTEs o cierres temporales.
- 4. Ralentización de la Justicia y Percepción Social
El parón reforzaría la percepción de lentitud y colapso de la justicia, aumentando la desconfianza ciudadana en la capacidad del sistema para resolver los conflictos de forma ágil y eficiente.
La acumulación de retrasos puede requerir planes de recuperación que, según experiencias previas, pueden tardar meses o incluso más de un año en normalizar la situación.
Estimación de Procesos Afectados
En 2022, los juzgados y tribunales españoles registraron alrededor de 6,68 millones de asuntos judiciales, lo que supone un promedio de unos 26.730 procesos diarios si se consideran aproximadamente 250 días laborables al año.
En huelgas judiciales anteriores, se ha estimado que aproximadamente el 50% de los juicios y vistas señaladas en un día de paro quedan suspendidos.
Por tanto, durante tres días de huelga, se suspenderían aproximadamente 40.100 procesos judiciales en todo el país. En cuanto al número de personas, cada proceso judicial implica al menos a dos personas (demandante y demandado o partes enfrentadas), sin contar abogados, testigos y otros profesionales.
Así, el número mínimo de personas directamente afectadas por la suspensión de estos procesos durante los tres días de huelga sería de unas 80.200 personas.
