El Partido Popular (PP) ha solicitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con la empresa china Huawei durante los últimos cinco años.
La petición llega tras la adjudicación de un contrato público con esta multinacional para gestionar y almacenar las escuchas telefónicas judiciales por valor de 12,3 millones de euros. Unas "prácticas que suponen un riesgo de espionaje", ha destacado Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP.
Supone un riesgo de espionaje
Además del informe solicitado, el Partido Popular ha pedido la comparecencia de los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), junto con la comparecencia del "máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que dé explicaciones sobre estos contratos".
Según argumenta Bravo, "Sánchez y su gobierno están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno".
Un hardware de "almacenamiento flash"
Ante el revuelo ocasionado, Huawei se pronunció este martes para aclarar que todos sus productos disponibles en el mercado español "cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos", según recoge la agencia EFE.
Asimismo, la empresa china afirmó que "toda la información almacenada en el hardware pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición". Además, el producto es un "hardware de almacenamiento flash que cumple con la regulación aplicable en el Esquema Nacional de Seguridad".
