Así lo dice el ex fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, en el decreto de marzo de 2016 por el que se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O, contenido en el sumario del juzgado de Barcelona que ahora lleva el asunto y al que ha tenido acceso Efe.
Este decreto explica el funcionamiento del Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña), un organismo, dice el fiscal, puesto en marcha por la Generalitat para apoyar el "proceso unilateral de independencia" en contra de los preceptos del Tribunal Constitucional.
Basándose en un informe de la Guardia Civil, Zaragoza concluye que, aunque nace amparado por el Govern catalán en 2009, sus funciones se concretan en 2012, cuando se "pretende convertirlo en una especie de Agencia de Seguridad Nacional (a modo de un CNI catalán)".
Así, sus actividades alcanzan también, según la Fiscalía, "a la ejecución de actividades de censura (mediante la eliminación de páginas web), al control de las comunicaciones (mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus)", al acceso a bases de datos ajenas.
Asimismo, se dedica "al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat, en incluso a la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines" y carentes de control.