estado de alarma

El Gobierno respeta al Constitucional pero defiende un confinamiento que "sirvió para salvar vidas"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado que desde el Gobierno respetan pero no comparten la decisión del Constitucional

ondacero.es

Madrid | 14.07.2021 20:31

Calle vacía por el confinamiento
Calle vacía por el confinamiento | Europa Press

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido la encargada de trasladar la postura del Gobierno tras la declaración del Tribunal Constitucional en la que han declarado como ilegal el primer confinamiento durante el estado de alarma. Una decisión que desde el Ejecutivo "respetan" pero no "comparten" ya que fue una decisión amparada en la Constitución.

La decisión fue tomada el pasado 14 de marzo de 2020, tres días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera de la gravedad del virus y la necesidad de tomar medidas drásticas que Llop ha calificado como "inmediatas, urgentes y proporcionadas para defender la vida de millones de compatriotas".

La ministra ha señalado que ese confinamiento permitió salvar hasta 450.000 vidas y es una figura que utilizaron la gran mayoría de países europeos. Un confinamiento que permitió frenar al virus también gracias, ha señalado, a la conducta ejemplar de todos los ciudadanos.

Pilar Llop también se ha referido a otras resoluciones del propio TC y del Tribunal Supremo que sí avalaron el estado de alarma, una medida que, junto al trabajo "incesante" de la ciencia, ha dado resultados que permiten "mirar el futuro con esperanza".

Así ha sido la decisión del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, una decisión muy ajustada que ha contado con la oposición de cinco de los once magistrados, informan a Efe fuentes jurídicas.

Tras varios plenos de deliberación, finalmente el voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, ha sido decisivo para inclinar la balanza a favor de los cinco magistrados -todos ellos del bloque conservador- que han estimado que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma.

Los otros cinco -tres de corte progresista y dos conservador-, por contra, han seguido considerando que el Gobierno actuó correctamente optando por el estado de alarma para decretar el confinamiento domiciliario.