Seguimos conociendo entresijos del caso Koldo y de cómo se gestó la venta de mascarillas defectuosas a distintos gobiernos autonómicos durante lo peor de la pandemia. Según adelanta 'El Mundo', en el sumario judicial hay varios intentos de vender estas mascarillas a la Junta de Castilla-La Mancha con Víctor de Aldama detrás de la operación.
El presidente del Zamora habría contactado con el gobierno castellanomanchego a través de un nuevo intermediario, el empresario Rafael Gómez Arribas, propietario del aeropuerto de Ciudad Real, que reenvió a Aldama en junio de 2020 una serie de correos electrónicos en los que un subordinado suyo, Fernando Sánchez Bódalo, negociaba la venta con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), quienes rechazaban la compra.
"Sentimos mucho no poderles realizar la compra de las mascarillas (...) la valoración de la SGS (empresa certificadora) indica claramente que las mascarillas son defectuosas y por ello no podemos valorar su adquisición", indica uno de los correos citados.
Sánchez Bódalo sostenía que los defectos de las mascarillas "no afectan a los relacionados con la protección de la salud", por lo que volvió a insistir en su oferta bajando el precio, pero ni así convenció a los funcionaros de la Junta.
Según 'El Mundo', las mascarillas rechazas por la Junta de Castilla-La Mancha eran del mismo tipo que las que sí fueron compradas por los gobiernos de Baleares y Canarias, presididos en ese momento por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
Las mascarillas también fueron ofrecidas al Gobierno de Aragón presidido por el socialista Javier Lambán, aunque la portavoz Mayte Pérez asegura que las rechazaron por el alto precio; y al Gobierno de Asturias, pero la consejera de Salud, Concepción Saavedra, explicó que eligieron a empresas conocidas.
