La táctica desplegada por el Ministerio de Justicia en el conflicto de los funcionarios no logra, de momento, que los huelguistas se aburran. El comité de huelga sigue acordando iniciativas y, ante el agotamiento de casi todas las perspectivas, ha propuesto que el conflicto se someta al procedimiento formal de la mediación.
El comité ha propuesto este viernes que “conforme a lo establecido en el artículo 45.3 del TREBEP se someta el conflicto a mediación”, según señalan los sindicatos convocantes en un comunicado. Achacan la decisión al silencio del Ministerio de Justicia que, desde que comenzaron los primeros paros a finales de abril, “no se ha movido ni un centímetro de su posición inicial, hasta el punto de que se desconoce contraoferta alguna a la que el comité de huelga le presentó el 14 de abril”.
Plazo de 48 horas
Según el comunicado, el próximo lunes finaliza el plazo de 48 horas para que el Ministerio acepte esta vía de solución del conflicto a través de la mediación, por lo que emplazan por escrito a la Administración a llegar “a un acuerdo sobre la persona o personas que pueden ejercer de mediadores en el conflicto”.
Los sindicatos convocantes, CSIF, UGT, CCOO y STAJ, señalan que esta propuesta es una muestra más de responsabilidad por parte del comité. Insisten en que lamentan los perjuicios que esta huelga, como todas, ocasiona en la prestación del servicio público, pero subrayan que mantienen su objetivo de “recuperar la normalidad en la Administración de Justicia a través de un acuerdo como ha sucedido con los LAJ y con los jueces y fiscales este mismo año”.
Comisario Reynders
Entre la nueva batería de iniciativas acordadas por el comité, destaca la denuncia de la “grave” situación ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El colectivo quiere aprovechar la inminente asunción por parte de España de la presidencia del Consejo europeo, para trasladarle a Reynders la “falta de voluntad de negociación” del Ministerio de Pilar Llop y del Gobierno en su conjunto y exponerle sus “justas” reivindicaciones basadas en el “reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente” realizan.
También planean elaborar un catálogo de funciones que los funcionarios de justicia no realizarán “mientras no se reconozca su papel y su valor en la tramitación de los procedimientos judiciales”.
Sentadas y otras protestas
Además de la cuarta gran manifestación que se celebrará en Madrid el 13 de julio, en plena campaña electoral, el comité de huelga ha convocado sentadas el 7 de julio ante las sedes de los TSJ de toda España para pedir a sus respectivos presidentes que insten al Ministerio a sentarse a negociar.
Los funcionarios participarán también en una protesta cuyo formato aún no han decidido el 20 de julio, coincidiendo con el acto de asunción de la Presidencia europea en materia de Justicia que se celebrará en Logroño.
Los sindicatos calculan que las movilizaciones y paros de los funcionarios de Justicia han provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de un millón y medio de juicios y la paralización de 15 millones de actuaciones judiciales.
Los funcionarios de Justicia exigen que el Gobierno se siente a negociar la mejora retributiva de todo el personal, además de un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la “realidad” y mejorar el servicio público reconociendo “su profesionalidad”. También reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa, que afecta a sus condiciones de trabajo.
Además, urgen a la negociación y aprobación del Real Decreto que desarrolle la carrera profesional. Argumentan que es un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se les deniega incumpliendo la ley.
